Sentencia n° 2012-662 DC de 29 de Diciembre de 2012

El Consejo constitucional ha sido requerido, en las condiciones previstas en el artículo 61, segundo apartado, de la Constitución, sobre la Ley de finanzas 2013, el 20 de diciembre de 2012, por los señores Jean-Claude GAUDIN, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, Philippe BAS, René BEAUMONT, Christophe BÉCHU, Michel BÉCOT, Claude BELOT, Jean BIZET y Pierre BORDIER, doña Natacha BOUCHART, don Joël BOURDIN, doña Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, los señores François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX y Jean-Claude CARLE, doña Caroline CAYEUX, los señores Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHAUVEAU, Marcel-Pierre CLEACH, Christian COINTAT, Gérard CORNU, Raymond COUDERC, Jean-Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER y Serge DASSAULT, doña Isabelle DEBRÉ, los señores Francis DELATTRE, Robert del PICCHIA y Gérard DÉRIOT, las señoras Catherine DEROCHE y Marie-Hélène DES ESGAULX, los señores Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Michel DOUBLET, doña Marie-Annick DUCHÊNE, los señores Alain DUFAUT, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Louis DUVERNOIS, Jean-Paul EMORINE, Hubert FALCO, André FERRAND, Louis-Constant FLEMING, Michel FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Pierre FROGIER, Yann GAILLARD y René GARREC, doña Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, los señores Jacques GAUTIER, Patrice GÉLARD y Bruno GILLES, doña Colette GIUDICELLI, los señores Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, François GROSDIDIER, Charles GUENÉ, Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Jean-François HUMBERT, Jean-Jacques HYEST, las señoras Sophie JOISSAINS, Christiane KAMMERMANN, don Roger KAROUTCHI, las señoras Fabienne KELLER, Élisabeth LAMURE, MM. Gérard LARCHER, Daniel LAURENT, Jean-René LECERF, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Gérard LONGUET, Roland du LUART, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Jean-François MAYET, doña Colette MÉLOT, los señores Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Philippe NACHBAR, Louis NÈGRE, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, Xavier PINTAT, Louis PINTON, Rémy POINTEREAU, Christian PONCELET, Ladislas PONIATOWSKI y Hugues PORTELLI, las señoras Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, los señores Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, André REICHARDT, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN y Bruno SIDO, las señoras Esther SITTLER, Catherine TROENDLE, los señores François TRUCY, Hilarion VENDEGOU, René VESTRI y Jean-Pierre VIAL, senadores;
Y el mismo día, por los señores Christian JACOB, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Benoist APPARU, Olivier AUDIBERT TROIN, Jean-Pierre BARBIER, Xavier BERTRAND, Jean-Claude BOUCHET, Xavier BRETON, Gilles CARREZ, Yves CENSI, Alain CHRÉTIEN, François CORNUT-GENTILLE y Edouard COURTIAL, doña Marie-Christine DALLOZ, los señores Gérald DARMANIN, Bernard DEFLESSELLES, doña Sophie DION, don Jean-Pierre DOOR, doña Virginie DUBY-MULLER, don Daniel FASQUELLE, doña Marie-Louise FORT, los señores Yves FOULON, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Bernard GÉRARD, Franck GILARD, Claude GOASGUEN y Philippe GOSSELIN, doña Anne GROMMERCH, los señores Christophe GUILLOTEAU, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE y Christian KERT, doña Valérie LACROUTE, don Marc LAFFINEUR, doña Laure de LA RAUDIÈRE, los señores Marc LE FUR, Bruno LE MAIRE, Pierre LEQUILLER, Philippe LE RAY, Lionnel LUCA, Jean-François MANCEL, Laurent MARCANGELI, Thierry MARIANI, Hervé MARITON, Olivier MARLEIX, Alain MARTY, François de MAZIÈRES, Damien MESLOT, Pierre MORANGE, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Jean-Luc MOUDENC, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Dominique NACHURY, Yves NICOLIN, Axel PONIATOWSKI, doña Josette PONS, los señores Bernard REYNES, Franck RIESTER, Martial SADDIER, François SCELLIER, doña Claudine SCHMID, los señores André SCHNEIDER, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, doña Michèle TABAROT, los señores Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean-Marie TÉTART, Dominique TIAN, doña Catherine VAUTRIN, los señores Patrice VERCHÈRE, Philippe VITEL, Michel VOISIN y Jean-Luc WARSMANN, doña Marie-Jo ZIMMERMANN, los señores Élie ABOUD, Sylvain BERRIOS, Charles de COURSON, Yves JÉGO, Jean-Christophe LAGARDE y Philippe VIGIER, diputados;
Y el mismo día por los señores François FILLON, François BAROIN, Jacques Alain BÉNISTI, Marcel BONNOT, doña Valérie BOYER, los señores Bernard BROCHAND, Dominique BUSSEREAU, Jérôme CHARTIER, Guillaume CHEVROLLIER, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Jean-Michel COUVE, Charles de LA VERPILLIÈRE, Camille de ROCCA SERRA, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE y Dominique DORD, doña Marianne DUBOIS, los señores Christian ESTROSI y Hervé GAYMARD, doña Annie GENEVARD, los señores Guy GEOFFROY, Charles-Ange GINESY, Jean-Pierre GIRAN y Philippe GOUJON, las señoras Claude GREFF, Anne GROMMERCH, y Arlette GROSSKOST, don Serge GROUARD, doña Françoise GUÉGOT, los señores Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Michel HEINRICH, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Jean-François LAMOUR, Thierry LAZARO, doña Isabelle LE CALLENNEC, los señores Dominique LE MÈNER, Alain LEBOEUF, Jean LEONETTI y Céleste LETT, las señoras Geneviève LEVY y Véronique LOUWAGIE, los señores Gilles LURTON, Alain MARC, Alain MARLEIX, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MATHIS y Patrick OLLIER, las señoras Valérie PECRESSE, y Bérengère POLETTI, los señores Frédéric REISS, Arnaud ROBINET, Claude STURNI, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Michel TERROT, François VANNSON, Jean-Sébastien VIALATTE, Jean-Pierre VIGIER, Laurent WAUQUIEZ y Éric WOERTH, diputados.

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL;

Vista la Constitución;

Vista la ordenanza 58-1067, de 7 de noviembre, modificada, relativa a la Ley Orgánica sobre el Consejo Constitucional;

Vista la ley orgánica n° 2001-692 de 1 de agosto de 2001, relativa a las leyes de finanzas;

Visto el Código general de impuestos;

Visto el Código general de las colectividades territoriales;

Visto el Código general de la propiedad de las personas públicas;

Visto el Código de la acción social y de las familias;

Visto el Código de medioambiente;

Visto el Código de las jurisdicciones financieras;

Visto el Código monetario y financiero;

Visto el Código de la seguridad social;

Vista la ley 88-227 de 11 de marzo de 1988 relativa a la transparencia financiera de la vida política;

Vista la ordenanza 96-50 de 24 de enero de 1996 relativa al reembolso de la deuda social;

Vista la ley 2010-1657 de 29 de diciembre de 2010 de finanzas para 2011;

Vista la ley 2011-1978 de 28 de diciembre de 2011 de finanzas rectificativa para 2011;

Vistas las observaciones del Gobierno registradas el 24 de diciembre de 2012;

Tras haber escuchado al ponente;

1. Considerando que los senadores y los diputados recurrentes someten al Consejo constitucional la Ley de finanzas para 2013; que recurren la conformidad a la Constitución de sus artículos 9, 12, 13 y 73; que los senadores cuestionan, asimismo, el procedimiento de adopción del conjunto de la ley, su sinceridad y la conformidad a la Constitución de sus artículos 22 a 24; que los diputados recurren también la ubicación en Ley de finanzas del artículo 8, del párrafo I del artículo 51 y del artículo 104, así como la conformidad a la Constitución de sus artículos 3, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 16 y 25;

• SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DEL CONJUNTO DE LA LEY:

2. Considerando que, según los senadores recurrentes, la presentación y la adopción de una cuestión previa durante el examen en nueva lectura del proyecto de Ley de finanzas para 2013 al Senado han constituido una desviación de procedimiento; que alegan que en ausencia de voluntad de obstrucción de parte de la oposición durante el examen del proyecto, la adopción de esta cuestión previa ha obstaculizado el buen desarrollo del debate democrático, el buen funcionamiento de los poderes públicos constitucionales y el derecho de enmienda garantizado por el artículo 44 de la Constitución; que la ley recurrida habría sido adoptada, en consecuencia, según un procedimiento contrario a la Constitución;

3. Considerando que el proyecto de Ley de finanzas para 2013 fue depositado en la Mesa de la Asamblea nacional el 28 de septiembre de 2012 y adoptado en primera lectura por la Asamblea nacional el 20 de noviembre de 2012; que el Senado rechazó la primera parte del proyecto de Ley de finanzas para 2013 el 28 de noviembre de 2012, obstaculizando así la discusión de la segunda parte del proyecto; que, tras el fracaso, el 6 de diciembre de 2012, de la comisión mixta paritaria encargada de proponer un texto sobre las disposiciones que permanecían en discusión, la Asamblea nacional fue convocada en nueva lectura del proyecto ya la adoptó el 14 de diciembre de 2012; que, ante el Senado convocado para discutir el proyecto de ley adoptado por la Asamblea nacional en nueva lectura, el presidente del principal grupo de la mayoría senatorial depositó una moción oponiendo la cuestión previa a la deliberación del proyecto de ley en unas condiciones que hacían ver claramente que la votación de esta moción no se pretendía para marcar una oposición de fondo al texto, sino de cara a acelerar el procedimiento de adopción de este texto por el Parlamento, para extraer las consecuencias tanto de rechazo del proyecto de ley durante la primera lectura en el Senado como de ausencia de la mayoría para la adopción del proyecto de ley el 18 de diciembre de 2012 durante su examen en comisión de finanzas; que, tras la adopción de esta cuestión previa el 18 de diciembre de 2012, el Gobierno solicitó, de conformidad con las disposiciones del cuarto apartado del artículo 45 de la Constitución, a la Asamblea nacional decidir definitivamente, lo que esta hizo el 20 de diciembre de 2012;

4. Considerando que el buen desarrollo del debate democrático y, por consiguiente, el buen funcionamiento de los poderes públicos constitucionales, suponen que sea plenamente respetado el derecho de enmienda conferido a los parlamentarios por el artículo 44 de la Constitución y que tanto los parlamentarios como el Gobierno puedan utilizar sin traba los procedimientos puestos a su disposición a estos fines;

5. Considerando que esta doble exigencia implica que no se haga un uso manifiestamente excesivo de estos derechos;

6. Considerando que en las condiciones en las que tuvo lugar, la adopción de la cuestión previa durante el examen del proyecto de ley en nueva lectura en el Senado no vicia de inconstitucionalidad la ley recurrida; que el procedimiento de examen del proyecto de ley no es por tanto contrario a la Constitución;

• SOBRE LA SINCERIDAD DE LA LEY DE FINANZAS:

7. Considerando que los senadores recurrentes sostienen que la Ley de finanzas es insincera, por una parte, en que se basa en previsiones económicas muy optimistas y, por otra parte, en que el Gobierno habría debido actualizarlas «a la vista de la evolución de los compromisos económicos de su propia política económica»; que, en concreto, la Ley de finanzas habría debido extraer las consecuencias de la introducción, en el proyecto de Ley de finanzas rectificativa para 2012, del «Pacto nacional para el crecimiento, la competitividad y el empleo»;

8. Considerando que, según el artículo 32 de la mencionada ley orgánica de 1 de agosto de 2001: «Las leyes de finanzas presentan de manera sincera el conjunto de los ingresos y los gastos del Estado. Su sinceridad se apreciará teniendo en cuenta las informaciones disponibles y las previsiones que de ellas puedan razonablemente derivarse»; que de esto resulta que la sinceridad de la Ley de finanzas del año se caracteriza por la ausencia de intención de falsear las grandes líneas del equilibrio que ella determina;

9. Considerando que de los elementos sometidos al Consejo constitucional no se desprende que las hipótesis económicas sobre las que se basa la Ley de finanzas estén viciadas de una intención de falsear las grandes líneas del equilibrio de la ley recurrida;

10. Considerando que el legislador ha estimado que el impuesto a cuenta introducido en el artículo 24 bis, convertido en el artículo 66, del tercer proyecto de Ley de finanzas rectificativa para 2012 no afectaba el equilibrio presupuestario del año 2013; que en todo caso, si la evolución de los gastos o de los ingresos era tal como para modificar las grandes líneas del equilibrio presupuestario, correspondería al Gobierno someter al Parlamento un proyecto de Ley de finanzas rectificativo;

11. Considerando que de lo anterior se deriva que la alegación opuesta de la falta de sinceridad de la Ley de finanzas debe ser rechazada;

• SOBRE EL ARTÍCULO 3:

12. Considerando que el artículo 3 modifica el apartado 1 del párrafo I del artículo 197 de Código general de impuestos con el fin de instituir un nuevo tramo marginal de imposición a un tipo del 45 % para la fracción de las rentas sometidas al baremo del impuesto sobre la renta superior a 150000 euros por parte;

13. Considerando que, según los diputados recurrentes, la creación de un tramo suplementario del baremo progresivo del impuesto sobre la renta conduce a una ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas; que alegan asimismo que este nuevo tramo marginal del baremo del impuesto sobre la renta, aplicado a la categoría concreta de rentas que constituyen las rentas ingresadas en el marco de los regímenes de jubilación de prestaciones definidas sometidas a las contribuciones previstas por los artículos L. 137-11 y L. 137-11-1 del Código de la seguridad social, haría soportar a estas rentas una imposición confiscatoria, contraria al respeto de la capacidad contributiva de los contribuyentes, al principio de igualdad, así como al derecho de propiedad; que convendría, en consecuencia, que el Consejo reexaminara la conformidad del artículo L. 137-11-1 del Código de la seguridad social y que lo declarara contrario a la Constitución;

14. Considerando, por una parte, que según el artículo 6 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, la ley «debe ser igual para todos, sea para proteger o para castigar»; que el principio de igualdad no se opone ni a que legislador regule de manera diferente situaciones diferentes ni a que derogue la igualdad por razones de interés general, siempre que, en uno y otro caso, la diferencia de trato de ello se derive tenga relación directa con el objeto de la ley que lo establezca; que de ello no se deriva por lo tanto que el principio de igualdad obligue a tratar diferentemente a personas que se encuentren en situaciones diferentes;

15. Considerando que según del artículo 13 de la Declaración de 1789: «Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común; ésta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad»; que esta exigencia no sería respetada si el impuesto revistiera un carácter confiscatorio o hiciera recaer sobre una categoría de contribuyentes una carga excesiva en relación a sus facultades contributivas; que, en virtud del artículo 34 de la Constitución, corresponde al legislador determinar, dentro del respeto a los principios constitucionales y tomando en consideración las características de cada impuesto, las reglas según las que deben apreciarse las facultades contributivas; que, en concreto, para asegurar el respeto al principio de igualdad, deberá basar su apreciación en criterios objetivos y racionales en función de los fines que se proponga; que esta apreciación no debe sin embargo entrañar una ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas;

16. Considerando, en primer lugar, que la instauración, por el artículo 3, de un nuevo tramo marginal de imposición al tipo del 45 % para la fracción de las rentas sometidas al baremo del impuesto sobre la renta superior a 150000 euros por parte aumenta los ingresos fiscales y acentúa la progresividad de la imposición de las rentas; que, en sí misma, no hace recaer sobre los contribuyentes una carga excesiva en relación a su capacidad contributiva y no crea una ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas;

17. Considerando, en segundo lugar, que los ingresos que constituyen las rentas ingresadas en el marco de los regímenes de jubilación de prestaciones definidas, que están sometidas al baremo del impuesto sobre la renta previsto por el apartado 1 del párrafo I del artículo 197 del Código general de impuestos modificado por el artículo 3 de la ley recurrida, están igualmente sometidas a la contribución excepcionales sobre las rentas altas previsto por el artículo 223 sexies del Código general de impuestos, a la contribución social generalizada prevista por el artículo L. 136-1 del Código de la seguridad social, a la contribución al rembolso de la deuda social prevista por el artículo 14 de la mencionada Ordenanza 96-50 de 24 de enero de 1996, así como a la contribución prevista por el artículo L. 137-11-1 del Código de la seguridad social; que las rentes ingresadas a partir de 2013 están también sometidas a la contribución prevista por el artículo L. 14-10-4 del Código de la acción social y de las familias;

18. Considerando que, por una parte, si para apreciar el respeto del principio de igualdad ante las cargas públicas, cabe tomar en consideración el conjunto de estas imposiciones recaídas sobre la misma renta y satisfechas por el mismo contribuyente, en cambio, la contribución prevista por el artículo L. 137-11 del Código de la seguridad social es una imposición a cargo del empleador que no se imputa sobre la cantidad de la renta ingresada; que, por consiguiente, no cabe tomarla en consideración para esta apreciación;

19. Considerando que, por otra parte, el tipo marginal máximo de imposición recaído sobre las renta ingresadas en el marco de los regímenes de jubilación de prestaciones definidas, a consecuencia de la modificación prevista por el artículo 3 y tras tomar en consideración la deducibilidad de una fracción de la contribución social generalizada, así como de una fracción de la contribución prevista por el artículo L. 137-11-1 del Código de la seguridad social de la base imponible del impuesto sobre la renta, se lleva al 75,04 % para las rentas percibidas en 2012 y al 75,34 % para las rentas percibidas a partir de 2013; que este nuevo nivel de imposición hace recaer sobre los contribuyentes una carga excesiva en relación a sus facultades contributivas; que es contrario al principio de igualdad ante las cargas públicas;

20. Considerando que la conformidad a la Constitución de una ley ya promulgada puede apreciarse con ocasión del examen de las disposiciones legislativas que la modifiquen, la completen o afecten su ámbito; que en el caso concreto, el aumento del tipo marginal máximo de imposición para el baremo del impuesto sobre la renta previsto por el artículo recurrido tiene por efecto, por su combinación, especialmente con la aplicación del tipo marginal máximo de la contribución prevista por el artículo L. 137-11-1 del Código de la seguridad social en su redacción resultante de la mencionada ley 2011-1978 de 28 de diciembre de 2011, modificar el alcance del tipo marginal de esta imposición en relación con las facultades contributivas de los contribuyentes; que, en consecuencia, el artículo 3 de la ley recurrida debe considerarse que afecta al ámbito de aplicación de las disposiciones del artículo L. 137-11-1 del Código de la seguridad social;

21. Considerando que, en estas condiciones, para remediar la inconstitucionalidad debida a la carga excesiva en relación a las facultades contributivas de ciertos contribuyentes que perciban rentes ingresadas en el marco de los regímenes de jubilación de prestaciones definidas, las disposiciones de los apartados quinto y noveno del artículo L. 137-11-1 del Código de la seguridad social y las palabras: «e inferior o igual a 24000 euros por mes» que figuran en los apartados cuarto y octavo de este mismo artículo deben ser declaradas contrarias a la Constitución;

22. Considerando que, en estas condiciones, el artículo 3 de la ley recurrida es conforme a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 4:

23. Considerando que el artículo 4 modifica el apartado 2 del párrafo I del artículo 197 del Código general de impuestos; que baja de 2336 a 2000 euros el límite de la cantidad correspondiente a la mitad de la reducción del impuesto resultante de la aplicación del cociente familiar; que aumenta de 661 euros a 997 euros la reducción del impuesto de ciertos contribuyentes que se beneficien de la mitad en concepto de situaciones sociales o familiares particulares; que añade a este apartado 2 otro en virtud del cual los contribuyentes viudos que tengan hijos a su cargo, y se beneficien de una parte suplementaria de cociente familiar, tendrán derecho, bajo ciertas condiciones, a una reducción del impuesto igual a 672 euros para esta parte suplementaria;

24. Considerando que, según los diputados recurrentes, la reducción del límite del beneficio obtenido por el cociente familiar es contrario al principio de igualdad ante las cargas públicas; que el artículo 4 conduciría a una vulneración de la igualdad entre los contribuyentes sin hijos y los que tienen hijos e incluso a una vulneración de la igualdad entre los contribuyentes con hijos, según el número de hijos vinculados a la unidad familiar; que los recurrentes sostienen que esta medida no tiene relación con el objetivo del legislador de reforzar la progresividad del impuesto sobre la renta;

25. Considerando que, por las disposiciones recurridas, el legislador ha pretendido aumentar los ingresos fiscales y disminuir el beneficio obtenido del cociente familiar de derecho común para reforzar la progresividad del impuesto mediante la limitación de los efectos de esta medida para ciertos contribuyentes que se encuentran en situaciones particulares;

26. Considerando que del propio objeto del mecanismo del cociente familiar y de su límite se deriva que los contribuyentes que tengan hijos a su cargo son tratados de manera diferente, por una parte, de los contribuyentes con hijos a su cargo y, por otra parte, según el número de hijos a cargo; que el límite del cociente familiar no cuestiona la toma en consideración de las facultades contributivas que se deriva de esta diferencia de situación; que, en todo caso, el artículo 13 de la Declaración de 1789 no impone que la toma en consideración de las cargas familiares para apreciar las facultades contributivas sólo pueda derivar de un mecanismo de cociente familiar; que al disminuir de 2336 a 2000 euros el límite de la cantidad correspondiente a la mitad de la reducción del impuesto resultante de la aplicación del cociente familiar, el legislador no ha desconocido las exigencias resultantes del artículo 13 de la Declaración de 1789;

27. Considerando que el artículo 4 no es, por otra parte, contrario a las exigencias que se derivan del apartado décimo del Preámbulo de la Constitución de 1946; que debe ser declarado conforme a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 6:

28. Considerando que el apartado 3° del artículo 83 del Código general de impuestos es relativo a los gastos profesionales deducibles de la renta para la determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta; que el artículo 6 introduce en este apartado 3° dos párrafos relativos a la evaluación de los gastos de viaje aparte de los gastos de peaje, de garaje o de parking y de los intereses anuales derivados de la adquisición del vehículo; que recoge en la ley el principio de un baremo en función de la distancia anual recorrida y de la potencia fiscal del vehículo con el límite de siete caballos;

29. Considerando que, según los recurrentes, al excluir a los trabajadores por cuenta propia de esta medida destinada a favorecer el recurso a los vehículos menos contaminantes, estas disposiciones vulneran el principio de igualdad ante la ley;

30. Considerando que los asalariados no se encuentran, para la determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta, en una situación idéntica a la de los trabajadores independientes; que, en consecuencia, la alegación expuesta de que las modalidades de fijación de los gastos profesionales que vienen en deducción de los sueldos y salarios no serían aplicables a los trabajadores no asalariados debe ser descartada; que el artículo 6, que no desconoce ninguna otra exigencia Constitucional, debe ser declarado conforme a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 8:

31. Considerando que el artículo 8 se refiere a las donaciones de las personas físicas a los partidos políticos; que tiene principalmente por objeto, en su párrafo I, modificar el primer apartado del artículo 11-4 de la mencionada ley 88-227 de 11 de marzo de 1988 para prohibir a una misma persona física donar más de 7500 euros a uno o varios partidos políticos en el curso del mismo año; que el párrafo II del mismo artículo modifica el secundo apartado del párrafo 3 del artículo 200 del Código general de impuestos para fijar, en consecuencia, en 7500 euros la cantidad máxima de donaciones a los partidos políticos que daría derecho a una reducción del impuesto;

32. Considerando que, según los diputados recurrentes, el párrafo I de este artículo no tiene cabida en una Ley de finanzas; que este artículo desconocería por otro lado la exigencia del pluralismo de las corrientes de ideas y de opiniones;

33. Considerando, en primer lugar, que el párrafo I del artículo 8, que prevé una modificación de las reglas relativas a la financiación de la vida política por las personas físicas, estas disposiciones no conciernen ni a los ingresos, ni a los gastos, ni a la tesorería, ni a los empréstitos, ni la deuda, ni las garantías o a la contabilidad del Estado; que no se refieren a imposiciones de toda naturaleza que afecten a personas jurídicas distintas del Estado; que no tienen por objeto repartir las dotaciones a las colectividades territoriales o aprobar convenios financieros; que no son relativas al régimen de la responsabilidad pecuniaria de los agentes de los servicios públicos o a la información y al control del Parlamento sobre la gestión de la hacienda pública; que, así, el párrafo I del artículo 8 es ajeno al ámbito de las leyes de finanzas tal como resulta de la ley orgánica de 1 de agosto de 2001; que ha sido adoptado según un procedimiento contrario a la Constitución;

34. Considerando, en segundo lugar, que el párrafo II del artículo 8 fija en 7500 euros la cantidad máxima de donaciones a los partidos políticos que daría derecho a una reducción del impuesto en aplicación del artículo 200 del Código general de impuestos; que, sin embargo, no modifica el límite de las donaciones y cotizaciones a los partidos políticos que daría derecho a una reducción del impuesto en aplicación del artículo 200 del Código general de impuestos, la cual permanece fijada en 15000 euros; que, en consecuencia, las disposiciones del párrafo II del artículo 8, que no son separables del párrafo I, no tiene cabida en una Ley de finanzas;

35. Considerando que, en consecuencia, sin que haya necesidad de examinar la otra alegación planteada por los recurrentes, el artículo 8 debe ser declarado contrario a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 9:

36. Considerando que el artículo 9 tiene principalmente por objeto someter al baremo del impuesto sobre la renta las rentas distribuidas por las sociedades así como los productos de inversión, al suprimir la posibilidad de aplicarles una imposición liberatoria a tanto alzado del impuesto sobre la renta; que modifica la fracción de la contribución social generalizada abonada sobre las rentas del patrimonio y los productos de inversión deducible de la base imponible del impuesto sobre la renta; que modifica igualmente las deducciones sobre los dividendos sometidos al baremo del impuesto sobre la renta;

37. Considerando que, según los senadores y diputados recurrentes, al someter al baremo del impuesto sobre la renta los ingresos distribuidos por las sociedades así como los productos de inversión percibidos en 2012 para los cuales los contribuyentes hubieran optado por la imposición liberatoria a tanto alzado del impuesto sobre la renta, el legislador ha adoptado disposiciones fiscales retroactivas que no estarían justificadas por un motivo de interés general suficiente; que, según los diputados recurrentes, la transformación de la imposición liberatoria a tanto alzado en un anticipo vulnera tanto el derecho de propiedad como la libertad de empresa;

38. Considerando que los diputados recurrentes cuestionan igualmente la modificación de la fracción de la contribución social generalizada abonada sobre las rentas del patrimonio y los productos de inversión deducible de la base imponible del impuesto sobre la renta, que originaría una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas;

39. Considerando, por último, que los diputados recurrentes alegan que el sometimiento al baremo del impuesto sobre la renta de los dividendos y productos de inversión origina una ruptura de igualdad ante las cargas públicas en que, por una parte, estas rentas sufren imposiciones sociales a tipos superiores a los de las imposiciones sociales sobre los rendimientos íntegros del trabajo y de inversión y que, por otra parte, su base imponible en concepto de imposición de las rentas es mayor que la de los rendimientos íntegros del trabajo y de inversión;

40. Considerando, en primer lugar, que el apartado A del párrafo IV del artículo 9 tiene por objeto someter, salvo excepciones, al impuesto sobre la renta en concepto del año 2012 las rentas de capitales mobiliarios para los cuales las imposición liberatoria a tanto alzado del impuesto sobre la renta previstos en el párrafo I de los artículos 117 quater y 125 A del Código general de impuestos se han operado a partir del 1 de enero de 2012; que el apartado B del mismo párrafo IV establece un crédito fiscal en concepto de estas imposiciones para el establecimiento del impuesto sobre la renta en concepto del año 2012, con el fin de evitar una doble imposición de estas rentas;

41. Considerando que, según el apartado A del párrafo IV: «A partir del 1 de enero de 2012, las imposiciones previstos en el apartado I de los artículos 117 quater y 125 A del Código general de impuestos ya no liberan las rentas a los que se aplican del impuesto sobre la renta»; que, en consecuencia, las disposiciones del párrafo IV tienen como efecto cuestionar de manera retroactiva el carácter liberatorio de las imposiciones a tanto alzado previstos en el párrafo I de los artículos 117 quater y 125 A del Código general de impuestos;

42. Considerando que al legislador le está permitido en todo momento, al decidir en el ámbito de su competencia, modificar textos anteriores o derogarlos sustituyéndolos, dado el caso, por otras disposiciones; que, al hacerlo, no se privarían sin embargo de garantías legales las exigencias constitucionales; que, en particular, desconocería la garantía de los derechos proclamada por el artículo 16 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 si se lesionaran las situaciones legalmente adquiridas sin estar justificado por un motivo de interés general suficiente;

43. Considerando que las disposiciones del párrafo IV tendrían como efecto incrementar la imposición a abonar en concepto de sus rentas de capitales mobiliarios percibidos en 2012 por ciertos contribuyentes, incluso a pesar de que estos contribuyentes, en aplicación de la ley, ya han abonado un impuesto que les ha liberado de sus obligaciones fiscales en concepto de estas rentas;

44. Considerando que la voluntad del legislador de asegurar en 2013 ingresos suplementarios ligados a la reforma de las modalidades de imposición de las rentas de capitales mobiliarios no constituye un motivo de interés general suficiente para cuestionar retroactivamente una imposición a la cual el legislador había atribuido un carácter liberatorio y que ya se había abonado; que, por lo tanto, sin que sea preciso examinar las otras alegaciones, el párrafo IV del artículo 9 debe ser declarado contrario a la Constitución; que, por coherencia, procede igualmente declarar contrarias a la Constitución las palabras: «del apartado E», en el párrafo VI del mismo artículo, y limitar, para las rentas ingresadas en 2012, la aplicación del número 2° del apartado H en el mismo párrafo VI en su parte correspondiente a la abrogación del número 5° del apartado 3 del artículo 158 del Código general de impuestos;

45. Considerando, en segundo lugar, que el número 2° del apartado G del párrafo I del artículo 9 reduce del 5,8 % al 5,1 % la parte de la contribución social generalizada sobre las rentas del patrimonio y los productos de inversión que se admite como deducción de la renta imponible del año de su pago; que el tipo de deducibilidad es por tanto idéntico al de la contribución social generalizada sobre los rendimientos íntegros del trabajo, incluso a pesar de que el tipo de la contribución social generalizada sobre las rentas del patrimonio y los productos de inversión permanece superior, en 0,7 %, al de la contribución social generalizada sobre los rendimientos íntegros del trabajo;

46. Considerando que el principio de igualdad ante las cargas públicas no obstaculiza que el legislador, en el ejercicio de las competencias que le otorga el artículo 34 de la Constitución, haga deducible un impuesto de la base imponible de otro impuesto o modifique dicha deducibilidad, siempre que al modificar así la carga recaída sobre los contribuyentes, no entrañe una ruptura caracterizada de la igualdad entre estos;

47. Considerando, en el caso concreto, que la reducción de la parte de la contribución social generalizada sobre las rentas del patrimonio y los productos de inversión admitida como deducción de la base imponible del impuesto sobre la renta, tiene por efecto aumentar los ingresos fiscales e incrementar el carácter progresivo de la imposición global de las rentas del patrimonio y de los productos de inversión de las personas físicas; que esta reducción de la deducibilidad, que sólo alcanza a la contribución social generalizada sobre las rentas del patrimonio y los productos de inversión, permanece limitada; que su incidencia sobre el incremento del tipo de imposición de las rentas del patrimonio y de los productos de inversión sometidos al baremo del impuesto sobre la renta no conduciría, en consecuencia, a considerar que entraña una ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas;

48. Considerando, en tercer lugar, que el apartado B, el número 1° del apartado E y el número 1° del apartado H del párrafo I del artículo 9 someten los dividendos ingresados por las sociedades y los productos de inversión al baremo del impuesto sobre la renta; que tal como se deriva de los trabajos preparatorios, el legislador ha pretendido proceder a un ajuste de la fiscalidad de las rentas de dividendos y de productos de inversión sobre la fiscalidad de los rendimientos íntegros del trabajo;

49. Considerando que, si el legislador no ha modificado las imposiciones sociales que recaen sobre estas rentas cuyos tipos son más elevados que los que recaen sobre los rendimientos íntegros del trabajo, ha previsto, en el número 2° del apartado E del párrafo I, una facultad de derogar el sometimiento al baremo del impuesto sobre la renta al beneficio de una imposición a un tipo único fijo del 24 %, para la unidad familiar cuyos productos de inversión no excedan, en concepto de año, de 2000 euros; que, si ha suprimido en el número 2° del apartado H del párrafo I, la deducción anual sobre las rentas distribuidas por sociedades previsto por el número 5° del apartado 3 del artículo 158 del Código general de impuestos, ha mantenido la deducción del 40 % sobre el total bruto de las rentas distribuidas prevista por el número 2° del apartado 3 de este artículo 158;

50. Considerando que el Consejo constitucional no dispone de un poder general de apreciación y de decisión de la misma naturaleza que el del Parlamento; que no podría investigar si los objetivos que ha asignado el legislador habrían podido conseguirse por otras vías, dado que las modalidades consideradas por la ley no son manifiestamente inapropiadas para el objetivo planteado; que el sometimiento al baremo del impuesto sobre la renta de las rentas de capitales mobiliarios está acompañado de un cierto número de desgravaciones y de mecanismos derogatorios; que al modificar así la carga recaída sobre los contribuyentes que perciban rentas de capitales mobiliarios, el legislador no ha originado una ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas;

51. Considerando, en último lugar, que las letras e y h del número 5° del apartado E del párrafo I del artículo 9 tienen por objeto aumentar los tipos de imposición liberatoria previsto por el artículo 125 A del Código general de impuestos que se aplican a los productos de los bonos y títulos para los cuales la identidad del beneficiario no se comunica a la administración fiscal; que estos bonos y títulos están sometidos por otra parte a las imposiciones sociales sobre los productos de inversión previstos por el artículo 16 de la mencionada Ordenanza 96-50 de 24 de enero de 1996, por el artículo L. 14-10-4 del Código de la acción social y de las familias, por el artículo 1600-0 F bis del Código general de impuestos y por los artículos L. 136-7 y L. 245-15 del Código de la seguridad social; que la modificación del tipo de la imposición liberatoria previsto por el artículo 125 A del Código general de impuestos tiene como efecto el de llevar el tipo de imposición sobre los productos de estos bonos y títulos al 90,5 %; que, en consecuencia, esta modificación hace recaer sobre los poseedores de bonos y títulos cuya identidad no es comunicada a la administración fiscal una carga excesiva respecto de esta capacidad contributiva y es contraria al principio de igualdad ante las cargas públicas; que, por consiguiente, las disposiciones de las letras e y h del número 5° del apartado E del párrafo I del artículo 9 deben ser declaradas contrarias a la Constitución;

52. Considerando que de lo anterior se deriva que las letras e y h del número 5° del apartado E del párrafo I, el párrafo IV y las palabras: «del apartado E» en el párrafo VI deben ser declaradas contrarias a la Constitución; que a fin de asegurar la inteligibilidad del párrafo VI, procede asimismo limitar la aplicación del número 2° del apartado H de este párrafo en su parte correspondiente a la abrogación del número 5° del apartado 3 del artículo 158 del Código general de impuestos; que, en lo demás, el artículo 9 es conforme a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 10:

53. Considerando que el artículo 10 modifica la imposición de las plusvalías de cesión de valores mobiliarios y de derechos sociales; que, en concreto, somete estas plusvalías al baremo del impuesto sobre la renta mediante la previsión de un mecanismo de deducción sobre el total de los beneficios netos de la cesión de valores mobiliarios y de derechos sociales, según la duración de la posesión de estos valores; que instaura, al mismo tiempo, una imposición con opción a un tipo único fijo del 19 % cuando el cedente cumpla ciertas condiciones;

54. Considerando que los diputados recurrentes recurren la supresión de un modo de imposición de las plusvalías de valores mobiliarios que permiten aprehender específicamente el carácter excepcional de la realización de una plusvalía; que el nuevo modo de imposición de esta categoría de rentas originaría una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas al no tomar en consideración la capacidad contributiva de los contribuyentes;

55. Considerando que los diputados recurrentes cuestionan el establecimiento de dos regímenes diferentes de tasación según que el cedente cumpla o no ciertas condiciones de duración de la posesión y de participación en el capital y haya ejercido ciertas funciones en el seno de la sociedad; que esta imposición, que no descansaría en criterios objetivos y racionales relacionados con el objetivo perseguido, sería contrario a la igualdad ante las cargas públicas; que denuncian igualmente «la extrema ininteligibilidad» del mecanismo derogatorio, que no permitiría a los contribuyentes establecer con certeza si pueden o no beneficiarse de él;

56. Considerando, por último, que los diputados recurrentes alegan que el sometimiento al baremo del impuesto sobre la renta de las plusvalías de cesión de valores mobiliarios, cuando, por una parte, estas plusvalías sufren de las imposiciones sociales a tipos superiores a los de las imposiciones sociales sobre los rendimientos íntegros del trabajo y de inversión y que, por otra parte, su base imponible en concepto de la imposición de las rentas sea mayor que la de los rendimientos íntegros del trabajo y de inversión, originaría una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas;

57. Considerando, en primer lugar, que el número 1° del apartado N del párrafo I del artículo 10 modifica el apartado 2 del artículo 200 A del Código general de imposición, para someter las plusvalías de cesión de valores mobiliarios y de derechos sociales al baremo del impuesto sobre la renta; que el apartado E del párrafo I del artículo 10 instaure, en el apartado 1 del artículo 150-0 D del mismo código, una deducción progresiva sobre el total de los beneficios netos de la cesión de valores mobiliarios sometidos al baremo del impuesto sobre la renta según la duración de la posesión de los valores mobiliarios a la fecha de su cesión; que este deducción puede alcanzar al 40 % del total de los beneficios netos de la cesión cuando las acciones, participaciones, derechos o títulos se posean desde hace al menos seis años; que la combinación del sometimiento al baremo del impuesto sobre la renta y de la deducción por duración de la posesión tiene como efecto el de reducir el aumento de la imposición que se deriva de las disposiciones del artículo 10 en proporciones importantes;

58. Considerando, en consecuencia, que al aumentar la imposición recaída sobre las plusvalías de cesión de valores mobiliarios al tomar en consideración la duración de la posesión de estos valores mobiliarios para disminuir la cantidad sometida al impuesto sobre la renta, el legislador no ha establecido modalidades de imposición que desconozcan la capacidad contributiva de los contribuyentes;

59. Considerando, en segundo lugar, que el número 2° del apartado N del párrafo I del artículo 10 mantiene, en el apartado 2 bis del artículo 200 A du Código general de impuestos, una imposición con opción a un tipo único fijo del 19% de las plusvalías de cesión de títulos o derecho de sociedades que ejerzan una actividad industrial, comercial, artesanal, agrícola o liberal, con exclusión de las actividades que procuren rentas garantizadas, actividades financieras, actividades de gestión de patrimonio mobiliario y actividades inmobiliarias; que el cedente debe haber poseído los títulos o derechos correspondientes al menos al 10 % de los derechos de voto o derechos en los beneficios sociales, directamente o por persona interpuesta o por la intermediación de personas de su familia, durante al menos dos años en el transcurso de los diez años previos a la cesión y debe poseer aún al menos el 2 % de los derechos de voto o de los derechos en los beneficios sociales en la fecha de la cesión; que el cedente debe haber ejercido de manera continua en el transcurso de los cinco años previos a la cesión ciertas funciones de dirección o de control o una actividad asalariada en el seno de la sociedad;

60. Considerando que de los trabajos parlamentarios al término de los cuales se ha introducido este mecanismo en el artículo 10 se desprende que, con la instauración de este régimen derogatorio, el legislador ha pretendido aprobar medidas de fomento del desarrollo de actividades económicas mediante la aplicación de criterios objetivos y racionales en función de los fines perseguidos; que el Consejo constitucional no dispone de un poder general de apreciación y de decisión de la misma naturaleza que el del Parlamento; que no podría investigar si los objetivos que ha asignado el legislador habrían podido conseguirse por otras vías, dado que las modalidades considerados por la ley no son manifiestamente inapropiadas para el objetivo planteado; que los criterios establecidos para poderse beneficiar del régimen de imposición a tanto alzado al tipo del 19 % son relativos al ámbito de actividad de la sociedad cuyos títulos o derechos son cedidos, a la duración de la posesión de estos títulos, a la proporción de estos títulos en los derechos de voto o los derechos en los beneficios sociales de la sociedad y al ejercicio de ciertas funciones de dirección o de control o de o una actividad asalariada en el seno de la sociedad durante los cinco años previos a la cesión; que estos criterios, que no son ininteligibles, son objetivos y racionales; que están relacionados con el objetivo perseguido por el legislador;

61. Considerando que el mecanismo de imposición derogatoria del que se pueden beneficiar los contribuyentes que cumplan las condiciones precitadas no es acumulable con el mecanismo de deducción por duración de la posesión previsto por el apartado 1 del artículo 150-0 D del Código general de impuestos, incluso a pesar de que está subordinado a condiciones de duración de la posesión; que, en consecuencia, este régimen fiscal más favorable no aparece tampoco desproporcionado en relación con el objetivo perseguido;

62. Considerando que, en estas condiciones, las disposiciones del número 2° del apartado N del párrafo I del artículo 10 no son contrarias al principio de igualdad ante las cargas públicas y no desconoce ninguna otra exigencia constitucional;

63. Considerando, en tercer lugar, que de los trabajos preparatorios se deriva que al someter las plusvalías de cesión de valores mobiliarios al baremo del impuesto sobre la renta, el legislador ha pretendido proceder a un ajuste de la fiscalidad de las rentas provenientes de estas plusvalías sobre la fiscalidad de los rendimientos íntegros del trabajo;

64. Considerando que, si el legislador no ha modificado las imposiciones sociales que recaen sobre estas rentas cuyos tipo son más elevados que los aplicables a los rendimientos íntegros del trabajo, ha previsto, en el apartado E del párrafo I, un mecanismo de deducción progresivo en concepto del impuesto sobre la renta según la duración de la posesión de las acciones, participaciones, derechos o títulos cedidos; que asimismo ha adaptado, en el apartado F del párrafo I, un mecanismo de aplazamiento de la imposición en concepto del impuesto sobre la renta previsto por el artículo 150-0 D bis del Código general de impuestos; que ha prolongado los efectos, en el apartado B del párrafo III, de un mecanismo de deducción previsto por el artículo 150-0 D ter del mismo código; que, por último, ha instaurado, como se ha dicho previamente, en el número 2° del N del párrafo I al crear un apartado 2 bis en el artículo 200 A del mismo código, un mecanismo derogatorio de la imposición al tipo único fijo del 19 % cuando se cumplan ciertas condiciones;

65. Considerando que el Consejo constitucional no dispone de un poder general de apreciación y de decisión de la misma naturaleza que el del Parlamento; que no podría investigar si los objetivos que ha asignado el legislador habrían podido conseguirse por otras vías, dado que las modalidades consideradas por la ley no son manifiestamente inapropiadas para el objetivo planteado; que la ampliación de la base imponible del impuesto sobre la renta a las plusvalías de cesión de valores mobiliarios está acompañada de un cierto número de desgravaciones y de mecanismos derogatorios; que al modificar así la carga que recae sobre los contribuyentes que perciban plusvalías de cesión de valores mobiliarios, el legislador no ha originado una ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas;

66. Considerando que de lo anterior resulta que el artículo 10 es conforme a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 12:

67. Considerando que el párrafo I del artículo 12 introduce, tras la sección 0I del capítulo III del título I de la primera parte del libro I del Código general de impuestos, una sección 0I bis titulada «Contribución excepcional de solidaridad sobre los rendimientos íntegros del trabajo muy altos» que comprende el artículo 223 sexies A; que el párrafo I de este artículo instituye a cargo de las personas físicas, en las condiciones previstas por el artículo 4 A del Código general de impuestos, una contribución excepcional del 18 % sobre la fracción de sus rendimientos íntegros del trabajo que exceda de un millón de euros y define las rentas tenidas en cuenta para el establecimiento de esta contribución; que el párrafo II del artículo 223 sexies A dispone que la contribución se declara, establece, controla y recauda según las mismas reglas y bajo las mismas garantías y sanciones que en materia del impuesto sobre la renta; que el párrafo II del artículo 12 de la ley recurrida prevé que las disposiciones del párrafo I se apliquen en concepto de las rentas de los años 2012 y 2013;

68. Considerando que, según los diputados y los senadores recurrentes, esta contribución excepcional, añadida al tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta previsto en el artículo 3 de la Ley de finanzas para 2013, así como a la contribución excepcional sobre las rentas altas y a las imposiciones sociales, conducirá a una tasación global al tipo del 75 % y presenta por tanto un carácter confiscatorio; que esta contribución excepcional vulneraría así el principio de igualdad ante el impuesto derivado del artículo 13 de la Declaración de 1789, al decidir como unidad de imposición las personas físicas y no la unidad familiar, al no prever un mecanismo de límites máximos o de desgravación y al no tomar en consideración las cargas familiares; que el principio de igualdad entre contribuyentes según la naturaleza de las rentas que perciben sería desconocido también, en concreto, en que sólo los rendimientos íntegros del trabajo, y no las rentas del capital, se someten a la contribución excepcional; que, según los diputados recurrentes, la ruptura de la igualdad sería agravada al tratarse de la aplicación de este tributo a las ganancias derivadas del ejercicio de opciones de compra o de suscripción de acciones o de la atribución gratuita de acciones según que las ganancias estén asociadas a planes atribuidos antes o después del 16 de octubre de 2007; que los diputados recurrentes sostienen asimismo que esta contribución, que no puede separarse del impuesto sobre la renta en sí, privaría así al contribuyente de su propiedad; que la institución de tal contribución contravendría el principio de anualidad del impuesto y desconocería las exigencias de claridad y de sinceridad del debate parlamentario;

69. Considerando que según el artículo 6 de la Declaración de 1789: «La ley… debe ser igual para todos, sea para proteger o para castigar»; que el principio de igualdad no se opone ni a que el legislador regule de forma diferente situaciones diferentes ni a que derogue la igualdad por razones de interés general, siempre que, en uno y otro caso, la diferencia de trato que de ello resulte tenga relación directa con el objeto de la ley que la establezca;

70. Considerando que según el artículo 13 de la Declaración de 1789: «Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común; ésta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad» ; que esta exigencia no sería respetada si el impuesto revistiera un carácter confiscatorio o hiciera recaer sobre una categoría de contribuyentes una carga excesiva en relación con su capacidad contributiva; que, en virtud del artículo 34 de la Constitución, corresponde al legislador determinar, dentro del respeto de los principios constitucionales y teniendo en cuenta las características de cada impuesto, las reglas según las cuales deberán apreciarse las capacidades contributivas; que en particular, para asegurar el respeto del principio de igualdad, deberá fundar su apreciación sobre criterios objetivos y racionales en función de los fines que se proponga; que esta apreciación no debe sin embargo entrañar una ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas;

71. Considerando que al instituir la contribución excepcional de solidaridad sobre los rendimientos íntegros del trabajo muy altos, el legislador ha puesto en marcha, en concepto de las rentas de los años 2012 y 2013, una imposición basada sólo sobre los rendimientos íntegros del trabajo; que ha decidido, para esta contribución excepcional, en la prolongación del impuesto sobre la renta, un tipo de imposición del 18 % aplicado a la fracción de estas rentas que exceda el umbral del millón de euros por persona física;

72. Considerando que los rendimientos íntegros del trabajo toman en consideración para el establecimiento de esta contribución excepcional comprenden las remuneraciones y salarios definidos en el artículo 79 del Código general de impuestos, con exclusión de las prestaciones por desempleo y de jubilación anticipada y de las distribuciones y ganancias mencionadas en el artículo 80 quindecies del Código general de impuestos, las remuneraciones concedidas a los administradores y socios de las sociedades de responsabilidad limitada y empresas asimiladas, los beneficios industriales o comerciales, los beneficios no comerciales y los beneficios agrícolas cuando provengan de una actividad ejercida a título profesional, los beneficios resultantes de las atribuciones gratuitas de acciones y de las ganancias del ejercicio de opciones de compra o de suscripción de acciones con excepción de las que, para las acciones atribuidas a partir del 16 de octubre de 2007, estén sometidas a la contribución del artículo L. 137-14 del Código de la seguridad social; que estas rentas ya están sujetas al impuesto sobre la renta de la unidad familiar;

73. Considerando que el legislador ha decidido el principio de una imposición sobre la renta por persona física sin tomar en consideración la existencia de la unidad familiar; que, por el efecto de esta contribución excepcional basada sobre los rendimientos íntegros del trabajo de las personas físicas que excedan de un millón de euros, dos unidades familiares que se beneficien del mismo nivel de un mismo nivel de ingresos derivados de rendimientos íntegros del trabajo podrían verse sometidos a esta contribución o por el contrario ser exonerados de ella, según la repartición de las rentas entre los contribuyentes que compongan esta unidad familiar; que así, al someter a esta contribución excepcional las rentas de las personas físicas, sin tener en cuenta, como para la imposición del conjunto de la renta en el impuesto sobre la renta y la contribución excepcional prevista por el artículo 223 sexies del Código general de impuestos, de la existencia de la unidad familiar, el legislador ha desconocido la exigencia de tener en cuenta la capacidad contributiva; que así ha desconocido el principio de igualdad ante las cargas públicas;

74. Considerando que de lo anterior se deriva, y sin que sea necesario examinar las otras alegaciones, especialmente aquellas derivadas de que los «efectos de umbral» y el carácter confiscatorio de esta imposición desconocerían el principio de igualdad ante las cargas públicas, que el artículo 12 debe ser declarado contrario a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 11:

75. Considerando que el artículo 11 modifica la imposición de las ganancias y los beneficios obtenidos de una opción de suscripción o de la compra de acciones o de la adquisición de acciones gratuitas atribuidas a partir del 28 de septiembre de 2012 para someterlas al baremo del impuesto sobre la renta;

76. Considerando que los diputados recurrentes cuestionan el nuevo régimen de imposición de las ganancias inherentes a planes de opción de suscripción o de compra de acciones y beneficios correspondientes al valor de acciones atribuidas gratuitamente; que este régimen impositivo, al hacer recaer sobre los beneficiarios de estas ganancias y beneficios una imposición global superior a la que afecta a las remuneraciones y salarios, crearía una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas; que igualmente vulneraría el derecho de propiedad;

77. Considerando, en primer lugar, que de los trabajos preparatorios se desprende que al someter las ganancias y beneficios obtenidos del ejercicio de una opción de suscripción o de compra de acciones o de la adquisición de acciones gratuitas atribuidas a partir del 28 de septiembre de 2012 al baremo del impuesto sobre la renta, el legislador ha pretendido proceder a un ajuste de la fiscalidad de las rentas provenientes de estas ganancias y beneficios sobre la fiscalidad de los rendimientos íntegros del trabajo;

78. Considerando que el legislador ha modificado, al mismo tiempo, las imposiciones sociales que recaen sobre estas ganancias y beneficios; que el apartado A del párrafo II del artículo 11 las somete a la contribución social generalizada sobre los rendimientos íntegros del trabajo prevista en el artículo L. 136-1 del Código de la seguridad social en vez de a las imposiciones sociales sobre las rentas del patrimonio y los productos de inversión; que el apartado D del párrafo II del artículo 11 modifica el tipo de la contribución salarial sobre las atribuciones de opciones de suscripción o de compra de acciones y sobre las atribuciones de acciones gratuitas; que el número 5° del apartado A y el apartado B del párrafo I del artículo 11 mantienen la imputación de las minusvalías de la cesión sobre las ganancias y beneficios correspondientes a la adquisición de las acciones;

79. Considerando que el Consejo constitucional no dispone de un poder general de apreciación y de decisión de la misma naturaleza que el del Parlamento; que no podría investigar si los objetivos que ha asignado el legislador habrían podido conseguirse por otras vías, dado que las modalidades consideradas por la ley no son manifiestamente inapropiadas para el objetivo planteado; que el sometimiento al baremo del impuesto sobre la renta de los beneficios obtenidos del ejercicio de una opción de suscripción o de compra de acciones o de la adquisición de acciones gratuitas está acompañado de un cierto número de desgravaciones; que al modificar así la carga recaída sobre los contribuyentes que perciban ganancias y beneficios obtenidos del ejercicio de una opción de suscripción o de compra de acciones o de la adquisición de acciones gratuitas atribuidas a partir del 28 de septiembre de 2012, el legislador no ha originado una ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas;

80. Considerando, en segundo lugar, que el número 2° del apartado D del párrafo II del artículo 11 tiene por objeto situar el tipo de la contribución salarial prevista por el artículo L. 137-14 del Código de la seguridad social en el 17,5 % y, si las acciones adquiridas no permanecen indisponibles durante un cierto periodo, al 22,5 %; que las ganancias y beneficios correspondientes al ejercicio de una opción de suscripción o de compra de acciones o a la atribución gratuita de acciones son por otra parte gravadas en la categoría de las remuneraciones y salarios en aplicación de los artículos 80 bis y 80 quaterdecies del Código general de impuestos modificados respectivamente por la letra a del número 1° del apartado A del párrafo I y el apartado B del párrafo I del artículo 11 que estos beneficios están, por otra parte, sometidos a la contribución social generalizada en aplicación de los artículos L. 136-2, L. 136-5 y L. 136-6 del Código de la seguridad social modificados por los apartados A, B y C del párrafo II del artículo 11 y, en consecuencia, a la contribución para el rembolso de la deuda social prevista por el artículo 14 de la Ordenanza 96-50 de 24 de enero de 1996;

81. Considerando que los tipos del 17,5% y 22,5% previstos respectivamente por el segundo y el tercer subapartado del número 2° del apartado D del párrafo II del artículo 11, combinados con el conjunto de otros tipos de imposición recaídos sobre las ganancias y beneficios correspondientes al ejercicio de una opción de suscripción o de compra de acciones o a la atribución gratuita de acciones, tienen por efecto, tras tomar en consideración la deducibilidad de una fracción de la contribución social generalizada de la base imponible del impuesto sobre la renta, de llevar el tipo marginal máximo de imposición de estas ganancias y beneficios respectivamente al 72 % y al 77 %; que, cuando las demás rentas del contribuyente sometidos al baremo del impuesto sobre la renta excedan de 150000 euros para un contribuyente soltero, el tipo de imposición de estas ganancias y beneficios se elevara como mínimo al 68,2 % o al 73,2 %; que, en consecuencia, los nuevos niveles de imposición que resultan del aumento de la contribución prevista por el artículo L. 137-14 del Código de la seguridad social hacen recaer sobre los contribuyentes una carga excesiva en relación con esta capacidad contributiva; que son contrarios al principio de igualdad ante las cargas públicas; que, por lo tanto, el conjunto de las modificaciones del artículo L. 137-14 del Código de la seguridad social, previstas por el apartado D del párrafo II del artículo 11, son contrarias a la Constitución;

82. Considerando, en tercer lugar, que en virtud de la letra b del número 1° del apartado A del párrafo I del artículo 11, se ha añadido al párrafo I del artículo 80 bis del Código general de impuestos un apartado según el cual: «El precio de adquisición de las acciones adquiridas antes del 1 de enero de 1990 se reputará igual al valor de la acción a fecha del ejercicio de la opción.»;

83. Considerando que corresponde al legislador ejercer plenamente la competencia que le confía la Constitución y, en particular, su artículo 34; que el objetivo de valor constitucional de accesibilidad y de inteligibilidad de la ley, que se deriva de los artículos 4, 5, 6 y 16 de la Declaración de 1789, le impone adoptar disposiciones suficientemente precisas y fórmulas no equívocas;

84. Considerando, en el caso concreto, que al adoptar las disposiciones precitadas, el legislador ha pretendido precisar las reglas de determinación de la ganancia resultante del ejercicio de una opción de suscripción o de compra de acciones sometidas a la imposición en aplicación del artículo 80 bis del Código general de impuestos; que estas disposiciones deben ser combinadas con el párrafo IV del artículo 11, que prevé que los párrafos I a III son aplicables a las opciones sobre títulos y a las acciones gratuitas atribuidas a partir del 28 de septiembre de 2012; que vulneran, por su contradicción, el objetivo de valor constitucional de accesibilidad y de inteligibilidad de la ley; que, en estas condiciones, la letra b del número 1° del apartado A del párrafo I del artículo 11 debe ser declarado contrario a la Constitución;

85. Considerando que de lo anterior se deriva que letra b del número 1° del apartado A del párrafo I y el apartado D del párrafo II del artículo 11 deben ser declarados contrarios a la Constitución; que, por lo demás, el artículo 11 es conforme a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 13:

86. Considerando que el párrafo I del artículo 13 reforma ciertas disposiciones del Código general de impuestos relativas al impuesto de solidaridad sobre la fortuna debido a partir del año 2013; que serán sujetos imponibles de este impuesto las personas titulares de un patrimonio que exceda de 1,3 millones de euros; que, especialmente, el apartado C de este párrafo I da una nueva redacción al artículo 885 O ter del Código general de impuestos, a fin de permitir tomar en consideración, en el patrimonio de los socios o accionistas, elementos del patrimonio de la sociedad no necesarios para la actividad industrial, comercial, artesanal, agrícola o liberal; que el apartado D del mismo párrafo I da una nueva redacción al artículo 885 U del mismo código relativo a la tarifa de este impuesto; que somete las fracciones del patrimonio superiores a 0,8 millones, 1,3 millones, 2,57 millones, 5 millones y 10 millones de euros a tipos, respectivamente, del 0,5 %, 0,7 %, 1 %, 1,25 % y 1,50 %; que el apartado E del párrafo I deroga el artículo 885 V relativo a la reducción del impuesto de 300 euros por persona a cargo;

87. Considerando que el apartado F del mismo párrafo I restablece en el Código general de impuestos un artículo 885 V bis que prevé el límite máximo del impuesto de solidaridad sobre la fortuna en relación con la suma de este impuesto y de los impuestos debidos en Francia y en el extranjero en concepto de las des rentas y productos del año precedente; que este límite máximo está fijado en «el 75 % del total de las rentas mundiales deducidos los gastos profesionales del año precedente, tras la deducción sólo de los déficits categoriales cuya imputación esté autorizada por el artículo 156, así como las rentas exoneradas del impuesto sobre la renta y de los productos sometidos a una imposición liberatoria realizados en el curso del mismo año en Francia o fuera de Francia»;

88. Considerando que el párrafo II del artículo 885 V bis dispone que, para la aplicación del cálculo del límite máximo, «son igualmente consideradas como rentas realizadas en el curso del mismo año en Francia o fuera de Francia:

«1° Los intereses de los planes de ahorro-vivienda, por el total establecido en la letra c del número 2° del apartado II del artículo L. 136-7 del Código de la seguridad social;
«2° La variación del valor de adquisición de los bonos o contratos de capitalización, de las inversiones de la misma naturaleza, especialmente de los contratos de seguros de vida, así como los instrumentos financieros de todo tipo dirigidos a capitalizar las rentas, suscritos a través de empresas establecidas en France o fuera de Francia, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año precedente, deducidos los pagos y los rescates operados entre estas mismas fechas;
« 3° Los productos capitalizados en los trusts definidos en el artículo 792-0 bis del presente código entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año precedente;
« 4° Para los portadores de participaciones o de acciones de una sociedad sujeto pasivo del impuesto de sociedades, y en la proporción de los derechos del sujeto pasivo en los beneficios de la sociedad, el beneficio distribuible, en el sentido del artículo L. 232-11 del Código de comercio, del último ejercicio cerrado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año precedente, minorado del aplazamiento beneficiario mencionado en este mismo artículo e incrementado de las sumas a reservar en aplicación de los estatutos y de los gastos expuestos en beneficio de los portadores. Las distribuciones que se relacionen a los beneficios tenidos en cuenta para la aplicación del presente 4° no serán tenidas en cuenta para la aplicación del apartado I.
«El presente número 4° se aplica cuando la sociedad ha sido controlada por el sujeto pasivo en un momento cualquiera en el curso de los cinco últimos años. Para la aplicación de esta condición, un sujeto pasivo se considera que controla una sociedad:
«a) Cuando la mayoría de los derechos de voto o de los derechos en los beneficios sociales de la sociedad la posee, directamente o indirectamente, el sujeto pasivo o por intermediación de su cónyuge, o de su pareja de hecho notoria o de sus ascendientes y descendientes, o de sus hermanos y hermanas;
«b) Cuando dispone solo de la mayoría de los derechos de voto o de los derechos en los beneficios sociales de esta sociedad en virtud de un acuerdo concluido con otros socios o accionistas;
«c) O cuando ejerce de hecho el poder de decisión.
«Se presume que el sujeto pasivo ejerce este control cuando dispone, directa o indirectamente, de una fracción de los derechos de voto o de los derechos en los beneficios sociales igual o superior al 33,33 % y que ningún otro socio o accionista posea, directa o indirectamente, una fracción superior a la suya.
«El sujeto pasivo y una varias personas que actúen de concierto se considera que controlan conjuntamente una sociedad cuando determinen de hecho las decisiones adoptadas en asamblea general;
«5° Las plusvalías que hayan dado lugar a aplazamientos impositivos, en concepto del año de la operación que haya dado lugar al aplazamiento así como a las ganancias netas situadas en relación de imposición»;

89. Considerando que, según los senadores y diputados recurrentes, estas disposiciones desconocen el principio de igualdad ante el impuesto y las cargas públicas, así como el derecho de propiedad; que alegan que, teniendo en cuenta la debilidad del rendimiento de las inversiones de renta, del ajuste de la fiscalidad de las rentas del capital sobre la aplicable a las rentas del trabajo y de la instauración de un nuevo tramo marginal del impuesto sobre la renta al 45 %, estas disposiciones conducen a una confiscación de la integridad de las rentas del capital y de una parte de las rentas del trabajo; que sostienen, además, que al integrar en el cálculo del límite máximo del impuesto de las rentas «latentes» que no se han realizado y de las cuales el contribuyente no dispone libremente, estas disposiciones proceden a una apreciación errónea de las capacidades contributivas; que los diputados recurrentes denuncian igualmente la supresión de la reducción del impuesto de 300 euros por persona a cargo, así como la ausencia total de toma en consideración de las cargas familiares que deriva de ellas, y sostienen que el límite máximo del impuesto de solidaridad sobre la fortuna debería calcularse por referencia solo a las rentas del capital;

90. Considerando, en primer lugar, que el impuesto de solidaridad sobre la fortuna no figura entre las imposiciones sobre la renta; que al instituir tal impuesto, el legislador ha pretendido afectar la capacidad contributiva que confiere la posesión de un conjunto de bienes y de derechos; que la toma en consideración de esta capacidad contributiva no implica ni que solo los bienes productivos de rentas entren en la base imponible del impuesto de solidaridad sobre la fortuna ni que este impuesto sólo deba ser pagado por medio de las rentas de bienes imponibles;

91. Considerando que, si el legislador ha podido incrementar el número de tramos y alzar los tipos impositivos que recaen sobre el patrimonio cuando ha sometido al mismo tiempo las rentas del capital al baremo del impuesto sobre la renta y que ha mantenido los tipos concretos de imposiciones sociales sobre las rentas del capital, es debido a la fijación en el 1,5% del tipo marginal máximo y al mantenimiento de la exclusión total o parcial de numerosos bienes y derechos fuera de la base imponible de esta imposición; que, en estas condiciones, el tipo del 1,5 %, aplicable a la fracción del valor neto tasable del patrimonio superior a diez millones de euros, tiene en cuenta las capacidades contributivas de las personas que poseen tales patrimonios; que en particular, contrariamente a lo que sostienen los diputados recurrentes, no tiene por consecuencia, por sus efectos sobre el patrimonio de estos contribuyentes, vulnerar su derecho de propiedad;

92. Considerando, en segundo lugar, que al crear el impuesto de solidaridad sobre la fortuna, el legislador ha considerado que la composición de la unidad familiar no tenía, para la determinación de la capacidad contributiva de este, la misma incidencia que en materia del impuesto sobre la renta; que ha decidido el principio de una imposición por unidad familiar sin tomar en consideración un mecanismo de cociente familiar; que al tener en cuenta la capacidad contributiva según otras modalidades, no ha desconocido la exigencia resultante del artículo 13 de la Declaración de 1789, que no impone la existencia de un cociente familiar; que, en consecuencia, al derogar el artículo 885 V del Código general de impuestos, no ha vulnerado el principio de igualdad ante las cargas públicas;

93. Considerando, en tercer lugar, que al restablecer, en el artículo 885 V bis del código citado, reglas de límite máximo que no proceden de un cálculo impuesto por impuesto y que limitan la suma del impuesto de solidaridad sobre la fortuna y de los impuestos debidos en concepto de las rentas y productos del año precedente a una fracción del total de las rentas del año precedente, el legislador ha pretendido evitar la ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas que resultaría de la ausencia de tal límite máximo; que al fijar esta fracción en el 75 %, no ha desconocido las exigencias constitucionales precitadas;

94. Considerando que, para el cálculo del límite máximo, las disposiciones del párrafo II del artículo 885 V bis precitadas integran en la renta del contribuyente intereses y productos capitalizados, los beneficios distribuibles de sociedades financieras y las plusvalías o ganancias que hayan sido objeto de un aplazamiento o prórroga fiscal;

95. Considerando, no obstante, que al integrar así, en la renta del contribuyente para el cálculo del límite máximo del impuesto de solidaridad sobre la fortuna y de la totalidad de los impuestos debidos en concepto de las rentas, sumas que no corresponden a beneficios o rentas que el contribuyente ha realizado o de los que ha dispuesto en el curso del mismo año, el legislador ha basado su apreciación en criterios que desconocen la exigencia de tener en cuenta la capacidad contributiva; que, en consecuencia, los subapartados tercero a decimosexto del apartado F del párrafo I del artículo 13 deben ser declarados contrarios a la Constitución; que va de suyo, en el subapartado decimoséptimo de este apartado F, las palabras: «, comprendidas las mencionadas en el número 5° del párrafo II,»;

96. Considerando que, asimismo, si el legislador podía, para la determinación del patrimonio no profesional de los contribuyentes, tener en cuenta la fracción del valor de las participaciones o acciones correspondiente a los elementos del patrimonio de las sociedades que no son necesarios para la actividad industrial, comercial, artesanal, agrícola o liberal de la sociedad, no podía fundamentar el impuesto de solidaridad sobre la fortuna sobre estos elementos del patrimonio de la sociedad en cuantía del porcentaje poseído en esta última cuando no está establecido que estos bienes sean, de hecho, disponibles por el accionista o del socio; que el legislador ha definido una base imponible sin relación con la capacidad contributiva; que, en consecuencia, el apartado C del párrafo I del artículo 13 debe igualmente ser declarado contrario a la Constitución;

97. Considerando que, por lo demás, el artículo 13 es conforme a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 15:

98. Considerando que el artículo 15 adapta el régimen de imposición de las plusvalías inmobiliarias; que, por una parte, somete las plusvalías logradas con la cesión de solares, para las cesiones realizadas a partir del 1 de enero de 2015, al baremo progresivo del impuesto sobre la renta; que, en particular, introduce tras el artículo 150 VH del Código general de impuestos, un artículo 150 VH bis según el cual «el impuesto sobre la renta derivado de las plusvalías obtenidas con la cesión de solares mencionadas en el apartado I del artículo 150 VC o de derechos relacionadas con ello, debido en las condiciones previstas en los artículos 150 VF a 150 VH, no es liberatorio del impuesto sobre la renta neto global definido en el artículo 158» y añade en el artículo 200 B del mismo código un párrafo II en virtud del cual las plusvalías mencionadas en el artículo 150 VH bis se tienen en cuenta para la determinación de la renta neta global definida en el artículo 158; que, por otra parte, el mismo artículo 15 suprime, al modificar el primer apartado del párrafo I del artículo 150 VC y el párrafo II del artículo 150 VD del Código general de impuestos, toda deducción por duración de de la titularidad para las cesiones de solares realizadas a partir del 1 de enero de 2013; que, sin embargo, se excepcionan de esta disposición, en virtud del apartado B del párrafo IV del artículo 15, las plusvalías para las que se haya logrado una promesa de venta con fecha cierta antes del 1 de enero de 2013 y la escritura de venta se firme antes del 1 de enero de 2015; que, además, el párrafo II del artículo 15 mantiene, para las cesiones realizadas en el curso del año 2013 de derechos y bienes inmobiliarios distintos de los solares, una deducción del 20 % sobre las plusvalías netas imponibles; que, por último, en virtud del párrafo III del artículo 15 se exoneran las plusvalías obtenidas de la venta de inmuebles a organismos gestores de viviendas sociales o a una colectividad territorial, un entidad pública empresarial de cooperación intercomunal o una entidad pública estatal empresarial de gestión del suelo, para su cesión a los organismos precitados, si los bienes se ceden antes del 31 de diciembre de 2014;

99. Considerando que los diputados recurrentes sostienen que la imposición global sobre las plusvalías inmobiliarias obtenidas con ocasión de la cesión de un solar reviste un carácter confiscatorio; que al instituir una diferencia de imposición en el seno de la categoría de las plusvalías inmobiliarias entre los solares sometidos al baremo del impuesto sobre la renta y los demás bienes inmobiliarios, el legislador habría desconocido el principio de igualdad ante las cargas públicas; que al no prever ninguna deducción por la duración de la posesión en lo que respecta a los solares, el legislador no habría tenido en cuenta la capacidad contributiva real de los contribuyentes; que la exoneración de las plusvalías inmobiliarias prevista cuando la cesión se realiza en beneficio de un promotor social para realizar viviendas sociales, mientras que tal exoneración no se ha extendido a los promotores privados, vulneraría la igualdad ante el impuesto; que, por último, el mecanismo sería tachado de ininteligibilidad;

100. Considerando que de los trabajos preparatorios se deriva que el legislador ha pretendido modificar el régimen impositivo de las plusvalías inmobiliarias obtenidas de la cesión de un solar a fin de aumentar los ingresos fiscales y de luchar contra la retención de recursos inmuebles por los propietarios; que a estos fines, ha sometido al baremo del impuesto sobre la renta, en vez de a una imposición a un tipo único fijo del 19 %, plusvalías inmobiliarias obtenidas de la cesión de un solar para las cesiones realizadas a partir del 1 de enero de 2015; que ha suprimido toda deducción por la duración de la posesión a partir del 1 de enero de 2013, con excepción de las cesiones para las cuales una promesa de venta ha adquirido fecha cierta antes de dicha fecha y la escritura de compraventa se firme antes del 1 de enero de 2015;

101. Considerando que, sin embargo, las plusvalías inmobiliarias sobre los solares se someterán al baremo del impuesto sobre la renta tal como ha sido modificado por el artículo 3 de la mencionada ley, a la contribución excepcional sobre las rentas altas, prevista por el artículo 223 sexies du Código general de impuestos, a las imposiciones sociales previstos por el artículo 16 de la Ordenanza 96-50 de 24 de enero de 1996, por el artículo L. 14-10-4 del Código de la acción social y familiar, por el artículo 1600-0 F bis del Código general de impuestos y por los artículos L. 136-7 y L. 245-15 del Código de la seguridad social, a la tasa obligatoria ingresada a la Agencia de servicios y pagos en virtud del artículo 1605 nonies del Código general de impuestos, así como, dado el caso, a una de las tasas facultativas alternativas que pueden instituir los municipios en virtud del artículo 1529 del mismo código o la autoridad organizadora del transporte urbano, en aplicación del artículo 1609 nonies F del mismo código; que estas disposiciones pueden conducir, tras la deducción de una fracción de la contribución social generalizada, a un tipo marginal máximo de imposición de 82 % que tendría por efecto hacer recaer sobre una categoría de contribuyentes una carga excesiva en relación con esta capacidad contributiva; que, en estas condiciones, las disposiciones del artículo 15 de la ley recurrida vulneran la igualdad ante las cargas públicas;

102. Considerando que de lo anterior se deriva que el artículo 15 debe ser declarado contrario a la Constitución;

• SOBRE LOS ARTÍCULOS 22, 23 y 24:

103. Considerando que el artículo 22, relativo al régimen fiscal des plusvalías sobre cesión de títulos de participación, modifica el modo de cálculo de la cuota-parte representativa de gastos y cargas a reintegrar en la base imponible tasable al tipo normal del impuesto de sociedades; que especialmente tiene por objeto, al modificar el cuarto apartado del artículo 223 F del Código general de impuestos, calcular esta cuota-parte sobre la cantidad bruta de las plusvalías obtenidas por las empresas y ya no sobre un resultado neto de las plusvalías de cesión;

104. Considerando que el artículo 23 adapta, para las sociedades sometidas al impuesto de sociedades, el régimen de deducibilidad de los gastos financieros de su resultado imponible; que introduce en el Código general de impuestos un artículo 212 bis según el cual «los gastos financieros netos inherentes a las sumas dejadas o puestas a disposición de una empresa no miembro de un grupo en el sentido del artículo 223 A son reintegradas al resultado por una fracción igual al 15 % de su cantidad»; que introduce asimismo en el mismo código el artículo 223 B bis que retoma las mismas disposiciones para las sociedades miembros de un grupo en el sentido del artículo 223 A del Código general de impuestos; que estas disposiciones, que tienen por objeto instaurar un límite máximo de la cantidad que las cargas financieras que las empresas pueden deducir de su resultado imponible, no son aplicables cuando la cantidad total de los gastos financieros netos, según sea empresa o del grupo, sea inferior a tres millones de euros; que ya no son aplicables a los gastos financieros soportados especialmente por los delegatarios, concesionarios y colaboradores privados de convenios de colaboración públicos o privados en el marco de los contratos de delegación, de concesión o de convenios de colaboración firmados a la fecha de la promulgación de la Ley de finanzas para 2013; que en virtud del párrafo IV del artículo 23, el tipo del 15 % se eleva al 25 % para los ejercicios abiertos a partir del 1 de enero de 2014;

105. Considerando que el artículo 24 adapta el mecanismo de imputación a los ejercicios previos de los déficits de las sociedades sometidas al impuesto de sociedades, al sustituir, en la primera frase del tercer apartado del párrafo I del artículo 209 del Código general de impuestos el tipo del 50 % al del 60 %; que la imputación de déficits anteriores sobre el beneficio constatado en concepto de un ejercicio ya solo es posible a partir de ahora en el límite de una cantidad de un millón de euros incrementado en el 50 % de la cantidad correspondiente al beneficio imponible de dicho ejercicio que exceda esta primera cantidad;

106. Considerando que los senadores recurrentes sostienen que estas disposiciones, que tienen un carácter retroactivo, vulneran la seguridad jurídica del contribuyente por la modificación del tratamiento fiscal de operaciones en curso y la confianza legítima garantizadas por los artículos 2 y 16 de la Declaración de 1789;

107. Considerando que al legislador le está permitido en todo momento, al decidir en el ámbito de su competencia, modificar textos anteriores o derogarlos sustituyéndolos, dado el caso, por otras disposiciones; que, al hacerlo, no se privarían sin embargo de garantías legales las exigencias constitucionales; que, en particular, desconocería la garantía de los derechos proclamada por el artículo 16 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 si se lesionaran las situaciones legalmente adquiridas sin estar justificado por un motivo de interés general suficiente;

108. Considerando que las disposiciones de los artículos 22, 23 y 24 de la ley recurrida, que son aplicables a las imposiciones que se deberán en 2013 en concepto del año 2012, modifican beneficios fiscales anteriormente acordados de los que ninguna regla constitucional impone su mantenimiento; que no afectan a situaciones legalmente adquiridas y no son, por lo tanto, contrarias a la garantía de derechos proclamada por el artículo 16 de la Declaración de 1789;

109. Considerando que lo anterior se deriva que los artículos 22, 23 y 24, que no desconocen ninguna otra exigencia constitucional, deben ser declaradas conformes a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 25:

110. Considerando que el artículo 25 instituye una contribución complementaria a la tasa excepcional sobre la reserva de capitalización definida en el artículo 23 de la mencionada ley 2010-1657 de 29 de diciembre de 2010; que son sujetos imponibles de esta contribución las sociedades de seguros, las mutuas de seguros y las mutualidades de previsión social que exploten una empresa en Francia; que la base imponible de la contribución es la cantidad de la reserva de capitalización de estas sociedades, determinada según las modalidades previstas en el segundo apartado del párrafo I de este artículo 23; que el tipo de esta contribución es del 7 %;

111. Considerando que, según los diputados recurrentes, esta contribución constituye una «imposición disimulada para los titulares de contratos de seguros de vida»; que el legislador habría desconocido así el objetivo de valor constitucional de accesibilidad y de inteligibilidad de la ley; que asimismo, la determinación de la base imponible de esta contribución entrañaría diferencias entre las sociedades de seguros, en desconocimiento del principio de igualdad ante la ley;

112. Considerando que de los trabajos preparatorios se deriva que al instaurar esta contribución complementaria a la imposición de las reservas de capitalización de las empresas de seguros, el legislador ha pretendido aumentar los ingresos fiscales provenientes de la imposición de las empresas de seguros; que, con las disposiciones del artículo 25, ha definido la base imponible, el tipo y las modalidades de recaudación de esta nueva imposición; que al someter a esta tasa a todas las empresas de seguros mencionadas en los números 1° a 6° del apartado B del párrafo I del artículo L. 612-2 del Código monetario y financiero que exploten una empresa en Francia, no ha sometido a reglas diferentes a personas que se encuentren en una situación idéntica; que estas disposiciones no están viciadas de ininteligibilidad; que de ello se sigue que las alegaciones deben descartarse; que el artículo 25, que no desconoce ninguna otra exigencia constitucional, debe ser declarada conforme a la Constitución;

• SOBRE EL PÁRRAFO I DEL ARTÍCULO 51:

113. Considerando que el número 1° del párrafo I del artículo 51 introduce un nuevo artículo L. 3211-5-1 en el Código general de la propiedad de las personas públicas que modifica el régimen jurídico de la cesión de bienes inmobiliarios edificados del Estado situados en un bosque demanial; que el apartado 2° del párrafo I completa el artículo L. 3211-21 del mismo código para definir las modalidades de enajenación de los bosques y florestas del Estado y de los bienes inmobiliarios edificados del Estado situados en estos bosques;

114. Considerando que, según los diputados recurrentes, el párrafo I de este artículo no tiene cabida en una ley de finanzas;

115. Considerando que el párrafo I del artículo 51, que prevé une modificación de las reglas relativas a las condiciones en las que se pueden ceder o enajenar los bienes inmobiliarios del Estado concierne a los recursos del Estado; que, así, el párrafo I del artículo 51 tiene cabida en una ley de finanzas; que ha sido adoptado según un procedimiento conforme a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 73:

116. Considerando que el artículo 200-0 A del Código general de impuestos prevé, en materia de impuesto sobre la renta, una limitación global del beneficio fiscal resultante de ciertas deducciones, reducciones y créditos fiscales; que, en su redacción anterior a la ley recurrida, este límite máximo conduce a que el total de los beneficios fiscales considerados no pueda procurar una reducción de la cantidad del impuesto debido superior a la suma de una cantidad de 18000 euros y de una cantidad igual al 4 % de la renta imponible;

117. Considerando que el apartado A del párrafo I del artículo 73 da una nueva redacción al número 1 del artículo 200-0 A; que el primer apartado de este número 1 fija en 10000 euros el límite máximo de la reducción del impuesto sobre la renta que pueden procurar ciertos beneficios fiscales; que son, sin embargo, excluidos de este límite máximo los beneficios mencionados en los artículos 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C y 199 unvicies, aplicables a las reducciones de impuesto acordados en concepto, respectivamente, de la inversión inmobiliaria ultramar, de la inversión productiva ultramar, de la inversión en la vivienda social ultramar y de la inversión en las sociedades anónimas que tienen por actividad exclusiva la financiación en capital de obras cinematográficas o audiovisuales; que, para estas cuatro excepciones, el segundo apartado del número 1 prevé un incremento del límite máximo a la suma de una cantidad de 18000 euros y de una cantidad del 4 % de la renta imponible; que, por otra parte, ciertos beneficios fiscales permanecen excluidos de todo límite máximo global; que esto es así especialmente en la reducción del impuesto previsto por el artículo 199 tervicies acordado en concepto de los gastos soportados para la restauración completa de un inmueble edificado en los sectores salvaguardados, los barrios antiguos degradados y las zonas protegidas y sometida a un límite máximo único fijo propio;

118. Considerando que los diputados recurrentes alegan que al excluir ciertos beneficios fiscales de este límite máximo global y al crear dos límites máximos distintos, uno fijo y el otro a la vez fijo y proporcional a la renta imponible, estas disposiciones vulneran el principio de igualdad ante la ley y las cargas públicas; que, además, la complejidad de este mecanismo vulneraría el objetivo de valor constitucional de accesibilidad y de inteligibilidad de la ley; que los senadores recurrentes estiman que al aplicar la reducción del límite máximo a operaciones inmobiliarias en curso, estas disposiciones tienen un carácter retroactivo que vulnera el principio de seguridad jurídica;

119. Considerando, en primer lugar, que la complejidad de la ley no vulneraría, por sí sola, el objetivo de valor constitucional de accesibilidad y de inteligibilidad de la ley; que las disposiciones del artículo 73 no desconocen por sí mismas este objetivo;

120. Considerando, en segundo lugar, que de los trabajos preparatorios se deriva que al adoptar el artículo 73, el legislador ha pretendido reforzar la equidad de este mecanismo y asegurar mejor la progresividad del impuesto; que, al mismo tiempo, deseaba no debilitar el carácter fomentador de ciertos mecanismos de reducción y de créditos fiscales destinados a favorecer, especialmente, el desarrollo del empleo así como la oferta de vivienda social ultramar y la restauración de inmuebles edificados;

121. Considerando que al legislador le está permitido fijar, en función de los fines que se proponga, limitaciones diferentes a los beneficios fiscales que instituye, a condición de que se base en criterios objetivos y racionales en función de los fines perseguidos y que de ello no se derive una ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas;

122. Considerando, no obstante, que, por una parte, la ley recurrida procede a una subida importante del impuesto sobre la renta; que, por otra parte, el primer apartado del número 1 del artículo 200-0 A, tal como resulta del artículo 73, fija el límite máximo global de la mayoría de los beneficios fiscales a una cantidad fija; que al dejar, al mismo tiempo, subsistir un límite máximo proporcional a la renta imponible aplicable a dos categorías de beneficios fiscales ligados a operaciones de inversión, el legislador ha permitido a ciertos contribuyentes limitar la progresividad del impuesto sobre la renta en condiciones que entrañan una ruptura caracterizada de la igualdad ante las cargas públicas;

123. Considerando, en consecuencia, que en el cuarto apartado del artículo 73, las palabras «y de una cantidad igual al 4 % de la renta imponible que sirve de base al cálculo del impuesto sobre la renta en las condiciones previstas en el apartado I del artículo 197» deben ser declaradas contrarias a la Constitución; que en lo demás, las disposiciones del artículo 73, que no tienen en todo caso efecto retroactivo, no desconocen ninguna exigencia constitucional y deben ser declaradas conformes a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 104:

124. Considerando que el párrafo I del artículo 104 introduce un nuevo párrafo I bis en el artículo L. 515-19 del Código de medioambiente que define las condiciones en las que, en las zonas para las que se haya aprobado un plan de prevención de riesgos tecnológicos, los explotadores de las instalaciones en el origen del riesgo y las colectividades territoriales o sus agrupaciones participen en la financiación de los trabajos prescritos a las personas físicas propietarias de vivienda; que el párrafo II modifica el artículo 200 quater A del Código general de impuestos para neutralizar el efecto de estas participaciones sobre los gastos que se puedan beneficiar del crédito fiscal previsto por este artículo, así como sobre las recuperaciones de las sumas rembolsadas;

125. Considerando que, según los diputados recurrentes, este artículo no tiene cabida en una ley de finanzas;

126. Considerando, en primer lugar, que el párrafo I del artículo 104, que define las condiciones de participación de personas privadas y de colectividades territoriales o de sus agrupaciones a la financiación de obras sobre viviendas, estas disposiciones no conciernen ni a los ingresos, ni a los gastos, ni a la tesorería, ni a los empréstitos, ni la deuda, ni las garantías o a la contabilidad del Estado; que no se refieren a imposiciones de toda naturaleza que afecten a personas jurídicas distintas del Estado; que no tienen por objeto repartir las dotaciones a las colectividades territoriales o aprobar convenios financieros; que no son relativas al régimen de la responsabilidad pecuniaria de los agentes de los servicios públicos o a la información y al control del Parlamento sobre la gestión de la hacienda pública; que, así, el párrafo I del artículo 104 es ajeno al ámbito de las leyes de finanzas tal como resulta de la ley orgánica de 1 de agosto de 2001; que ha sido adoptado según un procedimiento contrario a la Constitución;

127. Considerando, en segundo lugar, que el párrafo II del artículo 104 modifica el artículo 200 quater A del Código general de impuestos para extraer las consecuencias de las nuevas disposiciones previstas por el párrafo I; que, en consecuencia, las disposiciones del párrafo II del artículo 104, que no son separables del párrafo I, no tienen cabida en una ley de finanzas;

128. Considerando que, en consecuencia, el artículo 104 debe ser declarado contrario a la Constitución;

• SOBRE EL ARTÍCULO 14:

129. Considerando que, no obstante lo dispuesto en el artículo 641 del Código general de impuestos que fija en seis meses el plazo para declarar una sucesión, el artículo 641 bis de este código prevé que, para las declaración de sucesión que comporten inmuebles o derechos inmobiliarios situados en Córcega, el plazo será de veinticuatro meses siempre que la sucesión se abra antes del 31 de diciembre de 2012; que el número 1° del artículo 14 de la ley recurrida aplaza la expiración de este régimen derogatorio cinco años;

130. Considerando que el artículo 750 bis A del Código general de impuestos prevé, para los inmuebles situados en Córcega, una exoneración del derecho del 2,50 % sobre las escrituras de partición hereditaria y las licitaciones de bienes hereditarios establecidos entre el 1 de enero de 1986 y el 31 de diciembre de 2014; que el número 2° del artículo 14 de la ley recurrida aplaza la fecha de expiración de este régimen de exoneración tres años;

131. Considerando que el artículo 1135 del mismo código exonera de toda percepción a beneficio del Tesoro, los poderes y las actas notariales tras la defunción otorgados para resolver una indivisión sucesoria que comporte bienes inmuebles situados en Córcega y que hayan sido redactadas antes del 31 de diciembre de 2014; que el número 3° del artículo 14 de la ley recurrida aplaza la fecha de expiración de este régimen de exoneración tres años;

132. Considerando que el artículo 1135 bis del mismo código prevé la extinción progresiva del régimen de exoneración de los impuestos de transmisiones por fallecimiento sobre los inmuebles y los derechos inmobiliarios situados en Córcega, entre el 31 de diciembre de 2013 y el 1 de enero de 2018; que el número 4° del artículo 14 de la ley recurrida aplaza la extinción de este régimen de exoneración cinco años;

133. Considerando que el mantenimiento del régimen fiscal derogatorio aplicable a las sucesiones sobre inmuebles situados en los departamentos de Córcega conduce a que, sin motivo legítimo, la transmisión de estos inmuebles pueda ser dispensada del pago de impuestos de transmisiones; que la nueva prórroga de este régimen derogatorio desconoce el principio de igualdad ante la ley y las cargas públicas; que, en consecuencia, el artículo 14 debe ser declarado contrario a la Constitución;

• SOBRE EL PÁRRAFO I DEL ARTÍCULO 16:

134. Considerando que el párrafo I del artículo 16 modifica el artículo 232 del Código general de impuestos relativo a la tasa sobre las viviendas vacías; que su número 1° da una nueva redacción a la primera frase del primer apartado de este artículo, relativo a la definición de las zonas urbanas en las que esta tasa puede ser instituida; que suaviza los criterios que enmarcan la institución de esta tasa y extiende su aplicación a los municipios que pertenezcan a una zona de urbanización continua de más de ciento cincuenta mil habitantes y de menos de dos cientos mil habitantes; que su número 2° reduce de dos años a un año el plazo de vacancia a la expiración del cual la tasa es debida; que su número 3° modifica la tarifa y decide el tipo de esta tasa al fijarla en el 12,5 % del valor locativo el primer año de imposición et 25 % a partir del segundo; que el número 4° lleva de treinta días a noventa días consecutivos por año la duración de la ocupación de una vivienda por debajo de la cual se considera como vacía;

135. Considerando que el objeto de la imposición instituida por las disposiciones del artículo 232 del Código general de impuestos es el de incitar a las personas sujetos imponibles de esta tasa a poner en alquiler las viviendas susceptibles de ser alquiladas; que de los principios constitucionales de igualdad ante la ley y las cargas públicas se deriva que la diferencia de tratamiento fiscal instaurada por este artículo respecto de las personas sujetos imponibles de esta tasa solo es conforme a la Constitución si los criterios de sometimiento decididos tienen relación directa con el objetivo perseguido; que dicha imposición no puede, por lo tanto, afectar que las viviendas habitables, vacías y cuya vacancia se deba a la sola voluntad de su titular;

136. Considerando, en primer lugar, que no estarían sometidos a esta tasa las viviendas que sólo podrían ser habitables a costa de obras importantes y cuya carga incumbiría necesariamente a su titular;

137. Considerando, en segundo lugar, que no podrían considerase como desocupados los inmuebles amuebladas afectos a vivienda y, como tales, sometidos, en virtud del número 1° del párrafo I del artículo 1407 del Código general de impuestos, a la tasa de contribución urbana;

138. Considerando, en tercer lugar, que no estarían sometidas las viviendas cuya vacancia sea imputable a una causa ajena a la voluntad del arrendador, que obstaculice a su ocupación duradera, a título oneroso o gratuito, en condiciones normales de habitación, o que se opongan a su ocupación, a título oneroso, en condiciones normales de remuneración del arrendador; que así, deben ser especialmente exoneradas las viviendas que tengan vocación, en un plazo próximo, de desaparecer o de ser objeto de obras en el marco de operaciones de urbanismo, de rehabilitación o de demolición, o las viviendas puestas en alquiler o en venta a precio de mercado y no encuentren adquirente;

139. Considerando que, bajo las reservas enunciadas en los considerandos 136 a 138, las disposiciones del párrafo I del artículo 16 son conformes a la Constitución;

• SOBRE LA CABIDA DE OTRAS DISPOSICIONES EN LA LEY DE FINANZAS:

140. Considerando que el artículo 44 modifica las funciones confiadas a la Agencia de gestión y recuperación de los bienes incautados y decomisados;

141. Considerando que el artículo 95 crea un nuevo artículo L. 4424-33-1 en el Código general de las colectividades territoriales relativo a la transferencia de las competencias de producción y de multiplicación de plántulas en la colectividad territorial de Córcega;

142. Considerando que estas disposiciones no conciernen ni a los ingresos, ni a los gastos, ni a la tesorería, ni a los empréstitos, ni la deuda, ni las garantías o a la contabilidad del Estado; que no se refieren a imposiciones de toda naturaleza que afecten a personas jurídicas distintas del Estado; que no tienen por objeto repartir las dotaciones a las colectividades territoriales o aprobar convenios financieros; que no son relativas al régimen de la responsabilidad pecuniaria de los agentes de los servicios públicos o a la información y al control del Parlamento sobre la gestión de la hacienda pública; que así, los artículos 44 y 95 son ajenas al ámbito de las leyes de finanzas tal como resulta de la ley orgánica de 1 de agosto de 2001; que han sido adoptadas según un procedimiento contrario a la Constitución; que deben ser declaradas contrarias a esta última;

143. Considerando que no ha lugar, para el Consejo constitucional, a elevar de oficio ninguna otra cuestión de conformidad a la Constitución,

RESUELVE:

Artículo 1.- Son declaradas contrarias a la Constitución las disposiciones siguientes de la Ley de finanzas para 2013:

• el artículo 8;
• en el artículo 9, la letra e y la letra del número 5° del apartado E del párrafo I, así como el párrafo IV;
• en el artículo 11, la letra b del número 1° del apartado A del párrafo I y el apartado D del párrafo II;
• el artículo 12;
• en el párrafo I del artículo 13, el apartado C y, en el apartado F, los subapartados tercero a decimosexto, así como las palabras: «, comprendidas las mencionadas en el número 5° del apartado II,» que figuran en el subapartado decimoséptimo;
• los artículos 14, 15 y 44;
• en el cuarto apartado del artículo 73, las palabras: «y de una cantidad igual al 4 % de la renta imponible que sirve de base al cálculo del impuesto sobre la renta en las condiciones previstas en el apartado I del artículo 197»;
• los artículos 95 y 104.

Artículo 2.- Los artículos 3, 4, 6, 10, 22, 23, 24 y 25, de la misma ley y el resto de sus artículos 9, 11, 13 y 73 son conformes a la Constitución.

Artículo 3.- Bajo las reservas enunciadas en los considerandos 136 a 138, el párrafo I del artículo 16 de la misma ley es conforme a la Constitución.

Artículo 4.- Por coordinación con la derogación del párrafo IV del artículo 9 de la misma ley, su párrafo VI está redactado así: «Con la excepción del número 2° del apartado G, del número 2° del apartado H en que prevé la derogación del número 5° del apartado 3 del artículo 158 del Código general de impuestos, del apartado M y del número 1° del apartado N del párrafo I y del apartado A del párrafo III, que se aplican a las rentas ingresadas a partir del 1 de enero de 2012, los párrafos I, II y III se aplican a las rentas percibidas a partir del 1 de enero de 2013».

Artículo 5.- Son contrarias a la Constitución las disposiciones siguientes del artículo L. 137-11-1 del Código de la seguridad social:

• los apartados quinto y noveno;
• en los apartados cuarto y octavo, las palabras: «e inferior o igual a 24000 euros al mes».

Artículo 6.- La presente decisión será publicada en el Diario oficial de la República francesa.

Deliberado por el Consejo constitucional en su sesión de 28 de diciembre de 2012, en la que estaban presentes: Don Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Don Jacques BARROT, Doña Claire BAZY MALAURIE, los señores Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Doña Jacqueline de GUILLENCHMIDT, los señores Hubert HAENEL y Pierre STEINMETZ.

Hecho público el 29 de diciembre de 2012.