Sentencia n° 2010-6/7 QPC de 11 de Junio de 2010
Ante el requerimiento formulado al Consejo Constitucional el 7 de mayo de 2010 por el Tribunal Supremo francés (sentencias nº 12006 y 12007 de 7 de mayo de 2010), en la forma prevista por el artículo 61-1 de la Constitución, relativo a una cuestión prioritaria de constitucionalidad presentada, respectivamente, por Don Stéphane A. y Don Marc P., y por Don Francis H., relativa a la conformidad del artículo L. 7 del código electoral con los derechos y libertadas garantizados por la Constitución.
EL CONSEJO CONSTITUCIONAL,
Vista la Constitución;
Vista la orden n° 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 modificada relativa a la ley orgánica sobre el Consejo Constitucional;
Visto el código electoral, especialmente su artículo L. 30;
Visto el código penal;
Vista la ley n° 95-65 de 19 de enero de 1995 relativa a la financiación de la vida política;
Visto el reglamento de 4 de febrero de 2010 sobre el procedimiento seguido ante el Consejo Constitucional para las cuestiones prioritarias de constitucionalidad;
Vistas las observaciones presentadas en representación del Sr. H. por la SCP [Sociedad Civil Profesional] Ortscheidt, abogado del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo, registradas el 14 de mayo de 2010;
Vistas las observaciones presentadas en representación del Sr. P. por el Sr. Letrado Don Patrick Tabet, abogado del Colegio de París y de los tribunales de Saint Pierre y Miquelon, registradas el 19 de mayo de 2010;
Vistas las observaciones presentadas en representación del Sr. A. por la SELARL Flécheux et Associés, abogado del Colegio de París, registradas el 20 de mayo de 2010;
Vistas las observaciones presentadas por el Primer Ministro, registradas el 20 de mayo de 2010;
Vistas las nuevas observaciones presentadas en representación del Sr. P. por el Sr. Letrado Don Me Patrick Tabet, registradas el 26 de mayo de 2010;
Vistos los documentos presentados y que acompañan el expediente;
Tras haber oído al Sr. Letrado Don Xavier Flécheux, en representación del Sr. A., a la Sra. Letrada Doña Virginie Colin, en representación del Sr. P., al Sr. Letrado Don Jérôme Ortscheidt, en representación del Sr. H., y a Doña Sophie Rimeu, designada por el Primer Ministro, en la audiencia pública celebrada el 2 de junio de 2010;
Tras haber oído al ponente;
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Considerando que ambas cuestiones transmitidas por el Tribunal Supremo se refieren a la misma disposición legislativa; que, por lo tanto, es procedente juntarlas para responder a dichas cuestiones en una única sentencia;
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Considerando que con arreglo al artículo L. 7 del código electoral: «No deberán inscribirse en la lista electoral, durante un plazo de cinco años a partir de la fecha en que la condena haya pasado a ser definitiva, las personas condenadas por una de las infracciones previstas por los artículos 432-10 a 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 y 433-4 del código penal o por el delito de ocultamiento de una estas infracciones, definido por los artículos 321-1 y 321-2 del código penal»;
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Considerando que, según los recurrentes, estas disposiciones vulneran los principios de necesidad y de individualización de las penas garantizados por el artículo 8 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789;
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Considerando que con arreglo al artículo 8 de la Declaración de 1789: «La ley tan sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias, y tan sólo se puede ser castigado en virtud de una Ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente»; que el principio de individualización de las penas que resulta de este artículo implica que la pena que conlleva la prohibición de inscribirse en una lista electoral y la incapacidad para ejercer una función pública electiva resultante de ello tan sólo pueda ser aplicada si el juez la pronunció expresamente, teniendo en cuenta las circunstancias propias de cada caso;
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Considerando que la prohibición de inscripción en la lista electoral impuesta por el artículo L. 7 del código electoral tiene principalmente como objetivo reprimir de forma más severa ciertos actos cuando son cometidos por personas depositarias de autoridad pública, encargadas de una misión de servicio público o con un mandato electivo público; que conlleva una incapacidad para ejercer una función pública electiva de una duración igual a cinco años; que constituye una sanción con carácter de castigo; que esta pena privativa del ejercicio de sufragio está vinculada de pleno derecho con diversas condenas penales sin que el juez que decida estas medidas tenga que pronunciarla expresamente; que ya no puede hacer variar su duración; que, aunque al interesado pueda levantársele, en todo o en parte, inclusive inmediatamente, esta incapacidad en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 132-21 del código penal, esta posibilidad no podría, por sí sola, garantizar el cumplimiento de las exigencias que se desprenden del principio de individualización de las penas; que, por consiguiente, el artículo L. 7 del código electoral vulnera este principio y debe declararse contrario a la Constitución;
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Considerando que la derogación del artículo L. 7 del código electoral les permite a los interesados solicitar, a partir del día de publicación de la presente sentencia, su inscripción inmediata en la lista electoral en la forma determinada por la ley,
RESUELVE:
Artículo 1.- El artículo L. 7 del código electoral se declara contrario a la Constitución.
Artículo 2.- La presente sentencia será publicada en el Journal officiel [Boletín Oficial del Estado] de la República Francesa y notificada en la forma prevista por el artículo 23-11 de la orden de 7 de noviembre de 1958 anteriormente nombrada.
Deliberado por el Consejo Constitucional en su sesión del 10 de junio de 2010, en la que estaban presentes: Don Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Don Jacques BARROT, Don Guy CANIVET, Don Michel CHARASSE, Don Jacques CHIRAC, Don Renaud DENOIX de SAINT MARC, Doña Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Don Hubert HAENEL y Don Pierre STEINMETZ.
Hecho público el 11 de junio de 2010
Les abstracts
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
- 4.1.1. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
4.1.1.6. Article 8
Le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Implicitement, le principe de nécessité des peines, dont le principe d'individualisation est une manifestation, figure également au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
- 4.23.1.1. Sanction ayant le caractère d'une punition
4.23.1.1.3. Incapacités
L'interdiction d'inscription sur la liste électorale imposée par l'article L. 7 du code électoral vise notamment à réprimer plus sévèrement certains faits lorsqu'ils sont commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public. Elle emporte une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée égale à cinq ans. Elle constitue une sanction ayant le caractère d'une punition.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
4.23.3.3. Méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
L'interdiction d'inscription sur la liste électorale imposée par l'article L. 7 du code électoral est une peine attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément. Ce dernier ne peut davantage en faire varier la durée. Même si l'intéressé peut être, en tout ou partie, y compris immédiatement, relevé de cette incapacité dans les conditions définies au second alinéa de l'article 132-21 du code pénal, cette possibilité ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du principe d'individualisation des peines. Par suite, l'article L. 7 du code électoral méconnaît ce principe et doit être déclaré contraire à la Constitution.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
4.23.3.6. Non-automaticité des peines
Rattachement du principe de non-automaticité à celui d'individualisation des peines, qui lui-même est une manifestation du principe de nécessité. L'interdiction d'inscription sur la liste électorale imposée par l'article L. 7 du code électoral est une peine attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément. Ce dernier ne peut davantage en faire varier la durée. Même si l'intéressé peut être, en tout ou partie, y compris immédiatement, relevé de cette incapacité dans les conditions définies au second alinéa de l'article 132-21 du code pénal, cette possibilité ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du principe d'individualisation des peines. Par suite, l'article L. 7 du code électoral méconnaît ce principe et doit être déclaré contraire à la Constitution.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.5. Principe d'individualisation des peines
- 4.23.5.1. Valeur constitutionnelle
4.23.5.1.2. Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789
L'interdiction d'inscription sur la liste électorale imposée par l'article L. 7 du code électoral est une peine attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément. Ce dernier ne peut davantage en faire varier la durée. Même si l'intéressé peut être, en tout ou partie, y compris immédiatement, relevé de cette incapacité dans les conditions définies au second alinéa de l'article 132-21 du code pénal, cette possibilité ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du principe d'individualisation des peines. Par suite, l'article L. 7 du code électoral méconnaît ce principe et doit être déclaré contraire à la Constitution.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
- 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
- 8.1.1.3. Exercice du droit de suffrage
- 8.1.1.3.2. Capacité d'exercice du droit de suffrage
8.1.1.3.2.1. Incapacité électorale
L'interdiction d'inscription sur la liste électorale imposée par l'article L. 7 du code électoral emporte une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée égale à cinq ans. Cette peine privative de l'exercice du droit de suffrage est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément. Il ne peut davantage en faire varier la durée. Même si l'intéressé peut être, en tout ou partie, y compris immédiatement, relevé de cette incapacité dans les conditions définies au second alinéa de l'article 132-21 du code pénal, cette possibilité ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du principe d'individualisation des peines. Par suite, l'article L. 7 du code électoral méconnaît ce principe et doit être déclaré contraire à la Constitution. L'abrogation de l'article L. 7 du code électoral permet aux intéressés de demander, à compter du jour de publication de la présente décision, date d'entrée en vigueur de cette abrogation, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les conditions déterminées par la loi.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
Jonction des questions transmises. Les deux questions transmises par la Cour de cassation portent sur la même disposition législative (article L. 7 du code électoral). Il y a donc lieu de les joindre pour y répondre par une seule décision.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
Le Conseil constitutionnel a précisé les effets de l'abrogation qu'il prononce : l'abrogation de l'article L. 7 du code électoral permet aux intéressés de demander, à compter du jour de publication de la présente décision, date d'entrée en vigueur de cette abrogation, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les conditions déterminées par la loi.